Francisco Miralles, secretario general de CESM.
Esta semana se ha tenido constancia de que el Gobierno tiene sobre la mesa la opción de permitir que
médicos sin el MIR trabajen en las cárceles españolas. Así lo confirmaba la
secretaria de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, Ana Botella Gómez, en su reunión anual con los directores de Centros Penitenciarios.
Según confirmaban desde Instituciones Penitenciarias a
Redacción Médica, es cierto que se trabaja en esta línea, aunque no se ha llegado a ninguna conclusión. Su postura se argumenta con que este
modelo ya existía con anterioridad, ya que en los
años 80 el personal sanitario de prisiones podía acceder sin tener la especialidad, a través de una serie de
cursos complementarios que se impartían al facultativo para buscar la especialidad y certificar que tenía esta formación.
En los años 80 el personal médico podía acceder sin tener la especialidad, pero se formaban con otro tipo de cursos para acreditarla
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Tras aprobarse el
sistema MIR, éste se convirtió en un
requisito exigible para acceder a los puestos de trabajo en las
cárceles españolas, pero ahora ante la situación de
escasez de candidatos que se presentan a
las OPE convocadas, el Gobierno empieza a plantearse opciones que permitan cubrir los puestos necesarios. Entre estas opciones está la de
no exigir el MIR, aunque desde Instituciones Penitenciarias afirman que no se podría volver del mismo modo al sistema anterior, y que habría que llegar a un acuerdo además con Función Pública.
Actualmente la situación de la sanidad penitenciaria atraviesa especiales dificultades, ya que aunque
se ofertan plazas, se
presenta poca gente o son
pocos los que llegan hasta el final del proceso selectivo, que en ocasiones no llega ni a poder concluirse. Esto provoca que, como ya adelantaba
Redacción Médica,
una de cada tres plazas médicas en sanidad penitenciaria se queden sin cubrir, agravando la situación de los profesionales que ya trabajan en prisiones.
Con este panorama, la Secretaría General de Seguridad está trabajando para que las
comunidades autónomas asuman al fin la competencia de la sanidad penitenciaria, algo que por el momento
solo han hecho Cataluña y País Vasco, pero admiten a este diario que hay resistencia. Entre otros motivos, porque hay que entender la situación en la que se encuentran las autonomías, donde el
principal obstáculo es el económico, de modo que la administración penitenciaria no es la única con problemas para integrar al personal sanitario en la plantilla.
CESM no lo ve como una solución
Consultados por esta posibilidad de admitir a médicos sin la especialidad en las cárceles, desde la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (
CESM) admiten su sorpresa por el modo en que se quiere parchear la situación. Su todavía
secretario general, Francisco Miralles, afirma a este diario que en la sanidad penitenciaria el problema no es que haya que contratar médicos sin preparación, sino que las
condiciones y los salarios de quien trabaja allí son
lamentables.
"Cualquier ciudadano tiene la garantía de que se le presta una asistencia sanitaria por parte de un especialista, y así se les está diciendo a los
presos que van a tener una sanidad de peor calidad, les atenderán médicos de menos categoría. Creo que es hasta anticonstitucional", explica Miralles.
"Con medidas así vamos a empeorar la calidad de los médicos. La solución es mejorar las condiciones laborales de los médicos de prisiones"
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El secretario general recuerda que lo que necesitan en las instituciones penitenciarias es
pagar bien y contratar a los mejores médicos, con la titulación adecuada, ya que "con los salarios que pagan y en esas condiciones, los médicos prefieren irse fuera, donde se les considera adecuadamente. Con medidas así vamos a
empeorar la calidad de los médicos".
No se puede dar pasos hacia atrás
En su opinión, si la solución para las carencias es contratar a médicos de segunda categoría, "este
razonamiento me parece
tercermundista". Admite que hace 50 años no se pedía la especialidad, pero asegura que "hemos evolucionado" y
no se puede volver a sistemas anteriores. "Se nos requiere para atender con un nivel de preparación que conlleva un Grado y luego una especialidad, es lo que requiere cada ciudadano. A mí me gustaría, si estoy preso y me pasa algo, tener los
mismos derechos; que me atendiera un
médico de la misma calidad", sentencia.
El problema actual radica, según Miralles, en las
condiciones laborales pésimas, que provoca que de 5 plazas de médicos haya una cubierta y que ha llevado al límite al colectivo, que lleva
meses planteando la necesidad incluso de una huelga indefinida para lograr sus pretensiones. La situación, además, no es exclusiva de los médicos, ya que afecta también al
colectivo enfermero.
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