Inflación y poscovid resucitan la 'factura fantasma' más allá del paciente

La crisis económica provocada por la invasión de Ucrania y el incremento del gasto público en sanidad para hacer frente a la pandemia de Covid-19 han vuelto a colocar sobre la mesa una de las medidas casi olvidadas en la sanidad: la factura simbólica. Médicos y enfermeros coinciden en la importancia de lograr transmitir a la población general los costes que supone para la administración los tratamientos o la tecnología utilizada en cada patología. Aunque difieren sobre la fórmula de llevarlo a la práctica. 

A principios de la década pasada, la posibilidad de hacer llegar a los pacientes un recibo ficticio en el que se reflejase todos los gastos derivados de su estancia en un hospital o centro de salud cobró fuerza en regiones como Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía o Navarra. E incluso el Ministerio de Sanidad que dirigía la socialista Trinidad Jiménez se planteó poner en marcha un programa similar para que los enfermos contaran con una factura “en la sombra”, aunque la iniciativa terminó cayendo en el olvido. 

El Consejo General de Enfermería (CGE) sí que ha manifestado que ve con buenos ojos que se recupere este tipo de estrategia, ya que supondría una buena medida para concienciar a la población de lo que supone el diagnóstico y tratamiento que se brinda en el Sistema Nacional de Salud (SNS). “De esta forma, conseguiremos un uso más racional de los servicios y una conciencia mayor a la hora de no acudir a las citas programadas”, han apuntado fuentes de la institución a Redacción Médica.

Esta postura diverge sustancialmente con el punto de vista de la Organización Médica Colegial (OMC). Los facultativos también consideran que es importante que a la ciudadanía le llegue una información más detallada sobre el desembolso público, pero no creen que se deba apuntar de manera individual al coste de cada tratamiento. “Me parece una medida demasiado agresiva en un momento en el que el paciente está enfermo”, ha explicado el presidente del organismo Tomás Cobo.

Como contrapropuesta, el sector médico sí que ve con buenos ojos que se ofrezca una información general a la ciudadanía sobre el coste de tratamientos como la quimioterapia, los antivirales o los neurosupresores que requieren una inversión económica considerable. Además creen que hay que trabajar en vías para dotar de más “responsabilidad” al ciudadano, con el objetivo de que no haga un uso injustificado de servicios como la Atención Primaria o las Urgencias.

Más información sobre costes para los médicos

Lo que la Organización Médica Colegial (OMC) sí que respalda es que los propios facultativos cuenten con más herramientas para conocer el precio de las pruebas diagnósticas, los tratamientos o la tecnología sanitaria a la hora de llevar a cabo su trabajo. Una dinámica en la que coinciden con regiones como Comunidad Valenciana, País Vasco, La Rioja o Andalucía que también quieren dar un papel más participativo al profesional. “Los médicos tienen la responsabilidad de gestionar los servicios y conocer su coste”, ha subrayado Cobo.

Eso sí, el presidente de la institución ha detallado que este cálculo sobre los costes debe aplicarse de manera parcelada a cada área de servicio, ya que no es comparable la inversión necesaria en actividades como la Cirugía Torácica, que tienen una alta carga económica, que en otros departamentos. “Es algo que en Reino Unido tienen ya más interiorizado”, ha agregado.