Evitar demandas ha hecho aumentar la prácticas de la llamada Medicina Defensiva.
El 88,7 por ciento de los médicos de Urgencias hospitalarias admite que la
amenaza de denuncia o demanda judicial
condiciona la práctica asistencial. Así se desprende del estudio sobre la "Práctica médica en los
Servicios de Urgencia Hospitalarios" que ha llevado a cabo la
Organización Médica Colegial (OMC), en colaboración con las Sociedades Españolas de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes) y de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas).
Su objetivo ha sido conocer cómo repercute el
riesgo de denuncia y de demanda judicial en la práctica médica de los servicios de urgencia hospitalarios, un ámbito en el que existe un contacto muy directo con el paciente que llega en circunstancias muy particulares para recibir asistencia sanitaria inmediata.
Los datos se han obtenido a través de un cuestionario
online dirigido a los médicos de estos servicios sanitarios, recabándose la
opinión de 1.449 profesionales. Según la distribución por sexo, el 50,2 por ciento de los participantes son mujeres, y un 49,8 por ciento son hombres. Respecto a la distribución por edad destaca que el 47,6 por ciento de los encuestados superan los 50 años. Asimismo, el 90,8 por ciento de los profesionales que han respondido pertenecen a hospitales públicos y el 12,9 por ciento, a centros privados.
Esto conlleva un incremento de la "Medicina Defensiva" para evitar demandas por mala praxis
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De este estudio se desprende que el 88,7 por ciento de los médicos de urgencias hospitalarias encuestados admite que la amenaza de denuncia/demanda judicial condiciona la práctica asistencial, lo que conlleva un
incremento en este ámbito de la “Medicina Defensiva”, entendida como “
el empleo de procedimientos diagnósticos o terapéuticos con el propósito de evitar demandas por mala praxis”.
En general, el 91,3 por ciento son de la opinión de que la presión judicial sobre estos profesionales se ha incrementado considerablemente, y así lo perciben un 5,4 por ciento más de mujeres que de hombres encuestados.
Son los profesionales sanitarios de hospitales privados y de menos de 500 camas los que se muestran más críticos ante este aumento de la presión judicial y de la amenaza de denuncia/demanda.
Perfil del profesional con más denuncias
Otro dato a destacar de este estudio es que el 54,5 por ciento de los médicos de urgencias hospitalarias aseguran haber recibido al menos una reclamación y el 23, 6 por ciento han sufrido una denuncia. En este sentido, el perfil de profesional con mayor número de reclamaciones y demandas es el de
varón, con más de 50 años, que ejerce en un hospital privado con menos de 500 camas.
Por otra parte, el 89,9 por ciento del total de encuestados considera que en los Servicios de Urgencias Hospitalarios se realizan
pruebas diagnósticas de dudosa utilidad. Mientras, un 63 por ciento cree que los tiempos de estancia de los pacientes ya diagnosticados se alargan de forma innecesaria por prevención ante posibles problemas legales.
Apoyo institucional y de los médicos
Con este estudio también se ha pretendido conocer la percepción de los médicos sobre el apoyo institucional y por parte de sus compañeros. Así, un
88 por ciento de los encuestados no se sienten protegidos por las estructuras hospitalarias y sanitarias de los problemas legales que pudieran tener con los pacientes, ni, en un 79,1 por ciento, con el respaldo de la dirección del centro. Sin embargo, un 67,6 por ciento sí perciben la comprensión y solidaridad del resto de médicos de su servicio.
La falta de herramientas para afrontar este tipo de situaciones es otra de las conclusiones que se extraen del estudio. Así, el
86,7 por ciento reconoce no tener los conocimientos médico-legales suficientes para afrontar la mayoría de los problemas legales que se les presentan en los servicios de urgencias hospitalarios.
Asimismo, un 60,6 por ciento se muestran desconocedores de las posibles consecuencias que puede acarrear la denuncia de un paciente.
En definitiva, casi la totalidad de los médicos encuestados, un 96,1 por ciento abogan por que se potencie la formación médico-legal con el fin de tener una
preparación adecuada que les ayude a superar este tipo de situaciones.
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