Pilar Garrido, vicepresidenta de Facme.
El
Boletín Oficial del Estado ha publicado este jueves el acuerdo de convalidación del
Real Decreto Ley 29/2020, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.
Dentro del contenido de este Decreto, la posibilidad de contratar a médicos sin especialidad o moverlos a otra (artículos 2 y 3) la provocado la división de opiniones. En el artículo 2 se “autoriza la contratación de personas con grado, licenciatura o diplomatura que
carecen aún del título de Especialista reconocido en España, para la realización de funciones propias de una especialidad”, y se da el permiso para prolongar su actividad profesional durante un periodo de 12 meses. Dentro el punto 3, se explica que
los sanitarios podrían moverse de especialidad o de centro para llevar a cabo una “prestación excepcional de servicio”.
Este Decreto lleva siendo criticado desde hace semanas por los profesionales que
no ven como una mejora en la atención al paciente la aplicación de esta norma. Así lo ha manifestado Pilar Garrido, vicepresidenta de Facme, en la rueda de prensa que ha llevado a cabo esta mañana para pedir
una mayor colaboración científica con la Admistración.
La seguridad de los pacientes
“La profesión se ha posicionado claramente, es un tema que implica a varias patas de la profesión”, ha comenzado explicando, para continuar asegurando que “
la primera medida que se pidió es la eliminación de los artículos 2 y 3 de este Decreto”. Una petición formal que ya realizaron a través de un comunicado el pasado 14 de octubre. Además, Garrido ha apuntado que “hay en marcha distintas estrategias. Si no se consigue frenar esto, se podrían culminar en
una huelga de un solo día que está prevista para el día 27 de octubre”.
La vicepresidenta de Facme se ha mostrado muy crítica, pues considera que esta medida pone en riesgo la seguridad de los pacientes: “La profesión tiene claro que
es un riesgo para la seguridad de los pacientes, ya que la atención a estos pacientes no sería efectuada por personas que tengan la cualificación necesaria. Somos un Estado garantista y tenemos un sistema MIR, en el cual los médicos que han acabado la carrera se forman como especialistas para atender a los pacientes con el mejor de los conocimientos y todas las habilidades y las competencias ya desarrolladas.
Estamos en contra tal y como está redactado en este momento el Decreto Ley”.
-Consulte aquí el Real Decreto 29/2020 completo-
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