Tomás Toranzo, presidente de CESM
La
Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), como ya hicieran Facme y la Organización Médica Colegial (OMC), se ha posicionado en contra del
Real Decreto de Especialidades propuesto por el
Ministerio de Sanidad, manifestando su "profundo malestar y preocupación". El sindicato médico considera que "la
formación transversal no es formación especializada, que es de lo que trata este proyecto".
Desde CESM consideran paradójico que, "por un lado, muchas
Comisiones Nacionales de especialidades estaban pidiendo aumentar los años de formación especializada ante la complejidad creciente de los programas docentes y, ahora, vamos a dedicar tiempo y recursos a competencias propias de la profesión que se deben adquirir durante el paso por la Universidad y completar a través de la
formación continuada".
El sindicato subraya "la voluntad de las distintas administraciones de controlar al máximo, tanto el ejercicio profesional, como el
establecimiento de competencias y la forma de adquirirlas". Esto, afirma, deja "el principio de la
autorregulación profesional, base del profesionalismo médico, en una auténtica quimera, lo que provoca una excesiva desconfianza de la administración en la profesión".
Legalidad del proyecto
Sobre la legalidad del texto redactado por el
Ministerio de Sanidad, desde el sindicato médico consideran que "los informes de la
Abogacía del Estado sirven para justificar cualquier proyecto o propuesta del Gobierno, por atrevida que sea; pero, a tenor de todos los informes de que disponemos, el proyecto en cuestión hace una lectura muy ‘innovadora’ con la interpretación que hasta ahora se hacía de la Ley 44/2003 de
Ordenación de la Profesiones Sanitarias (LOPS)". Así, concretan, "esta novedosa propuesta sería congruente con lo regulado en la ley y no habría, al menos,
impedimento legal para su implantación".
"No casa con la legalidad, ni con las exigencias de la Directivas Europeas; ni con el sentido común"
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Aún así, desde CESM hacen hincapié en el apartado referente a las
áreas de capacitación específica (ACE), "el más polémico y transgresor de lo que hasta ahora entendíamos que era la superespecialización, ya que se ha cambiado el criterio del artículo 16.1 del RD 639/2014 y
ahora se puede
acceder a la superespecialización antes de haber acabado la especialización", afirman.
"Se acaba así con la posibilidad de acceder a la superespecialización después de haber cursado una especialidad completa y se impedirá que algunas especializaciones sean
homologables y reconocidas en la Unión Europea", denuncia CESM, que añade: "A nuestro juicio, todo esto no casa con la legalidad, ni con las exigencias de la
Directivas Europeas; ni con el sentido común, ni con la realidad del ejercicio profesional, ni con las exigencias de calidad del SNS y las necesidades de los pacientes".
Motivaciones "economicistas"
Además, destacan que el texto permite que las ACE se promuevan, de oficio, por las comunidades autónomas, sobre lo que advierten: "En realidad a lo que hemos llegado es a
transferir a las CCAA subrepticiamente la gestión de todos los procesos de la formación sanitaria especializada que hasta ahora eran competencia exclusiva del Estado".
"Se terminará con la igualdad en el acceso a la formación especializada, con la homogeneidad de formación y con la calidad y prestigio del sistema"
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Este hecho, unido a la petición de algunas Administraciones de asumir la
homologación de títulos extranjeros "y la disposición a ello del Gobierno central", hace que CESM considere que "se terminará con la igualdad en el
acceso a la formación especializada, con la homogeneidad de formación y con la calidad y prestigio de un sistema de formación que ha proporcionado especialistas altamente cualificados y reconocidos, dificultando su movilidad y su desarrollo profesional".
Además, denucnian, "planea la duda de que otra de las motivaciones del proyecto sea puramente economicista, intentando ahorrar los costes que por el sistema de residencia implicaría la superespecialización".
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