CESM no descarta la vía judicial para exigir las 35 horas en todas las CCAA

La negociación entre Gobierno y sindicatos acerca de la revalorización de los salarios públicos ha reabierto también el debate sobre la jornada de 35 horas en sanidad, una vieja reivindicación del sector que, sobre el papel, pueden materializar aquellas comunidades autónomas que cumplan con sus objetivos de déficit. Pero la realidad es que solo un puñado de territorios han dado pasos reales hacia la implantación de este nuevo modelo de trabajo. “A nivel estatal solo podemos pedir que se cumpla la normativa, pero los acuerdos deben hacerse con las administraciones autonómicas”, explica Tomás Toranzo, presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), quien no descarta, en un escenario extremo, acudir a los tribunales “por una cuestión de justicia”.

Este mismo miércoles, el Ministerio de Hacienda ha puesto sobre la mesa la opción de retomar la jornada de 35 horas en la Administración General del Estado (AGE). Durante la ‘cumbre’ con los sindicatos sobre la situación laboral de los funcionarios, el departamento que dirige María Jesús Montero ha enviado también una ‘invitación’ a las administraciones autonómicas para avanzar por esta vía.

CCAA con jornada de 35 horas

Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, País Vasco, La Rioja y Navarra han regresado ya a este sistema, pero en el resto se mantienen las semanas de 37,5 horas a pesar de que en algunas de ellas, como es el caso de Castilla y León, existe desde hace años un compromiso de la administración para reducir la jornada hasta las 35 horas en sanidad “que no se ha llevado a cabo”, indica Tomás Toranzo.

En declaraciones a Redacción Médica, el responsable de CESM subraya que “el sindicato lleva años exigiendo que se cumpla la jornada de 35 horas” en las administraciones. “Hay que conseguirlo en cada centro de salud, pero para ello hay que abordarlo con las comunidades autónomas”. Indica, en este sentido, que “se han llegado a acuerdos que no se han terminado de poner en marcha”.

Consultado sobre la posibilidad de recurrir a la vía judicial, Toranzo se muestra Tajante: “Se puede plantear. No se ha puesto todavía en marcha, pero evidentemente lo hemos barajado”. Asevera, eso sí, que no sería una ‘batalla’ fácil. “Es mejor hacer mediante la negociación y exigir su cumplimiento para que no haya conflictividad ni malestar”, asume.

Negociación con el Gobierno

Toranzo recrimina además a Hacienda que haya trasladado este asunto únicamente a la negociación con los sindicatos de clase. “De hecho, nos hemos unido a otras organizaciones para demandar, mediante una proposición de ley, una representatividad real en estos órganos, porque lo que sucede es vergonzoso y poco transparente”, denuncia.