Alianza sanitaria por el blindaje del empleo en salud para los PGE de 2023

El aval del Congreso de los Diputados al techo de gasto récord propuesto por el Gobierno marca el inicio de una nueva fase en la tramitación de las Cuentas estatales de 2023. El Ejecutivo central precisa ahora de aliados en la Cámara Baja que faciliten la aprobación del proyecto, que, entre otros objetivos, persigue blindar la “renovación y ampliación de las capacidades del Sistema Nacional de Salud”. Así quedó reflejado en el apartado de gasto de la orden de Presupuestos Generales, aunque los colegios profesionales sanitarios emplazan al gabinete de Pedro Sánchez a concretar y materializar medidas que, por un lado, reviertan positivamente sobre el empleo; y por otro, estimulen estrategias que quedan pendientes del presente ejercicio.

La estabilidad laboral es, precisamente, uno de los pilares de la demanda del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (Cgcom). Tomás Cobo, presidente de la organización, se refiere en este sentido a la necesidad de “consolidar el empleo” para frenar los contratos “precarios” que tienen, afirma, hasta el 50 por ciento de los facultativos en España.

Un diagnóstico semejante hace Florentino Pérez Raya, responsable del Consejo General de Enfermería, quien lamenta que, pese a la importancia que tiene la salud en el discurso político, el gasto que tiene presupuestado sigue “por debajo de la media de la Unión Europea”, que sitúa su PIB sanitario en el 9,5 por ciento. El pasado año, apunta, la inversión pública en sanidad en España “apenas alcanzó el 6,6 por ciento”.

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El PIB sanitario medio de la UE se sitúa en el 9,5 por ciento, tres punto por encima que en España

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“Hay que añadir que, ya con esta situación de escasa inversión, el gasto sanitario destinado a la Atención Primaria es muy inferior a lo que destinan países de la UE con una sanidad muy avanzada, como Reino Unido, Francia o Italia, que destinan entre un 20-25 por ciento a la atención primaria del gasto sanitario total. En España no llega al 14 por ciento”, denuncia.

Esta reivindicación la hace suya también el sector farmacéutico. Fuentes del Consejo General de Colegios Farmacéuticos (Cgcof) recalcan que el fin de la pandemia del coronavirus anunciado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) “no debe hacer olvidar la necesidad de reforzar las capacidades del SNS, sobre todo la Atención Primaria”. “Sería deseable que los próximos Presupuestos garantizaran la sostenibilidad de la red de 22.198 farmacias y se las incluyera en programas de salud pública, digitalización, atención al paciente crónico, lucha contra el reto demográfico o atención a los colectivos más vulnerables”, concluye la organización que preside Jesús Aguilar.

Cuentas sanitarias ‘pendientes’ de los Presupuestos

Los consejos profesionales llaman de forma unánime a incrementar el gasto en sanidad, aunque ponen el foco en diferentes ‘frentes’. En el caso de los médicos, el Cgcom considera primordial que este incremento del gasto promueva la creación de áreas de capacitación específica y de nuevas especialidades, incluida la de Genética Clínica.

Desde el Consejo General de la Psicología piden “coherencia” al Ejecutivo para reforzar la atención y la financiación del Programa de Acción en Salud Mental, “incluyendo en ese plan el apoyo a las comunidades autónomas para que incorporen la atención psicológica en Atención Primaria”.

Fernando Chacón, vicepresidente del Consejo, aboga además por ampliar el número de plazas PIR y de plazas en el Sistema Nacional de Salud para los profesionales de salud mental, “sean psiquiatras, psicólogos clínicos o enfermeros especialistas en salud mental”. “Los datos de todos los organismos internacionales muestran que España está muy por debajo de esa cifra media, que está en 18 profesionales por cada 100.000 habitantes. En España, es un tercio”, lamenta.

Finalmente, el Consejo de Dentistas llama a “replantear el modelo de integración actual de los dentistas en Atención Primaria” para “reforzar su labor preventiva y de promoción de la salud”. Para ello, Óscar Castro, responsable del organismo, propone un ‘servicio dental comunitario a nivel nacional’ que se responsabilice de la gestión y evaluación de todas las acciones. “Esta solución ayudaría a reducir el efecto de lo que denominamos gradiente postal’, dadas las grandes diferencias existentes en la actualidad en cuanto al abordaje de la salud oral entre las diferentes comunidades autónomas”, apunta.

El propio Castro recalca que, pese la “positiva” partida de 44 millones de euros que se destinó en los pasados Presupuestos a la ampliación de la cartera de servicios de salud bucodental, esta sigue siendo “insuficiente”, y espera que en el proyecto de 2023 “la cantidad económica destinada a este fin permita homogeneizar las prestaciones en todo el país, además de incrementar el número de plazas que existen actualmente en la sanidad pública”.