Juliana Cabrera, responsable del área de el grupo de trabajo Infecciosas, Migrante, Vacunas y Actividades Preventivas (Imvap) de Semergen.
Si la Seguridad Social no sabe que existe una persona, o no está dada de alta en un empleo concreto, difícilmente va a recibir la vacuna frente al Covid-19, aunque sea un grupo prioritario. O igual sí, pero después. Eso es lo que pasa con los
temporeros o con muchas mujeres migrantes que cuidan de grandes dependientes en España. Sanidad y las CCAA ya pusieron sobre la mesa el valor que tenía la vacuna de Janssen para los colectivos vulnerables desde el punto de vista social y/o económico, pero de momento no han sido priorizados para la vacunación.
Sobre los temporeros,
Juliana Cabrera, responsable del área del grupo de trabajo Infecciosas, Migrante, Vacunas y Actividades Preventivas (Imvap) de Semergen, asegura que deben estar vacunados. "Primero porque es un derecho que ellos tienen. Y, segundo, por nuestro propio egoísmo", asegura, en alusión a los
brotes que se ha dado entre estos trabajadores, sobre todo por las condiciones en las que viven en España. Muchas veces están hacinados en barracones, durmiendo juntos y compartiendo cuartos de baño entre muchos.
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Hay que hacer una estrategia. Van a ser poblaciones de muchísima gente que estén en el país unos tres o cuatro meses. Tienes que vacunar desde el primer día", afirma Cabrera. De otra forma, puede haber "brotes que colpasen hospitales", además de ponerles en riesgo. Señala que en el momento en que el empresario pide, de alguna manera, un permiso a la Delegación del Gobierno para contratar a estos trabajadores, hay que actuar. "Ahí de alguna forma hay que poner en marcha un mecanismo para vacunarlos a poder ser con
Janssen, ya que es una única dosis".
"Son gente que, además, pueden no estar registrados en la Seguridad Social, por lo que no tenemos cómo contactarlos ni tenemos datos de ellos cuando ingresan", añade.
Las personas en situación irregular no se localizan
"Están viviendo entre nosotros -prosigue esta médica de Familia- y están trabajando. Pero muchas veces no están registrados; no aparece domicilio ni un teléfono. Y eso es un problema. El
colmo son las personas regulares que no están dadas de alta en la Seguridad Social. Son muchas de las que trabajan en domicilios y cuidadores de grandes dependientes. De esta forma solo van a poder vacunarse cuando les toque por edad, no por grupo prioritario", prosigue.
Cabrera indica que muchas de estas personas son
mujeres migrantes de unos 40 o 50 años. En vez de estar vacunándose ya frente al Covid, lo van a hacer unos meses después. En su zona -en Extremadura- se permitió que se buscara a esas personas cuidadoras, pero hay otras comunidades que no: se debe estar regularmente trabajando y que además esté de alta en esa función.
"Si el sistema de salud de esa comundiad es muy exigente, y no permite que aportando solamente un domicilio se les pueda vacunar, y hay que registrar en la policía, hay un problema", señala. "Además,
en torno al 90 por ciento de cuidadores están en situación irregular", prosigue. Alrededor de medio millón de personas están así en España. "Y es un foco que no estamos controlando", concluye.
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