Los jubilados son los más perjudicados por el encarecimiento de las frutas y las verduras, según la SEMG.
Los médicos de Familia lo tienen claro: el
encarecimiento de la cesta de la compra condiciona los hábitos alimentarios saludables de los usuarios de la Sanidad. Según los últimos datos del
Índice de Precios del Consumidor (IPC), del Instituto Nacional de Estadística (INE), en julio, las frutas frescas o refrigeradas valían un
11,6 por ciento más que en el mismo mes de 2022, y en el caso de las legumbres y hortalizas frescas o refrigeradas, el aumento interanual fue del
7 por ciento. El quid de la cuestión reside en cómo abaratar estos productos, beneficiosos para la salud cardiovascular: mientras que hay facultativos que apoyan la idea de que se puedan
recetar frutas y verduras para que al paciente le salgan gratis, existen otros que piensan que el Estado habría de atajar la inflación alimentaria por otras
vías ajenas a Sanidad y Consumo.
Guadalupe Blay, responsable del Grupo de trabajo de Endocrinología y Nutrición de la
Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) es de las que considera que la posibilidad de prescribir frutas y verduras sería
“magnífica”. De hecho, equipara estos productos a “un medicamento”, a “una prótesis para una rodilla” y a “cualquier cosa que sirva para mejorar la salud de las personas”. De ahí que considere que “lo ideal” sería que existiera “una fórmula” para que, a través de la receta, los pacientes tuvieran
“descuentos” a la hora de comprar alimentos saludables.
“Tener hábitos de vida saludable es lo primero que se recomienda en la consulta”, afirma el presidente de la
Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen),
José Polo, que, por ende, coincide con Blay en el fondo, aunque no en la forma: “De ahí a que eso se haga por prescripción médica, hay una gran diferencia. No creo que el sistema sanitario público tenga que encargarse de eso”. Para Polo, la responsabilidad del abaratamiento de la cesta de la compra, en lo que a productos saludables se refiere, la tienen “otros ministerios” distintos a Sanidad y a Consumo, cuyos presupuestos “ya son bajos de por sí como para asumir más cosas”: “Tendrían que ponerse en marcha
más medidas económicas para que se abaraten los alimentos, y en cuanto a las familias más necesitadas, creo que nuestro
Estado del bienestar tiene
otros mecanismos para darles facilidades”, asevera.
La población anciana, la más afectada por la subida de precios
Blay lamenta que, “últimamente”, sea “bastante frecuente” encontrarse en la consulta con pacientes que, pese a las recomendaciones de seguir hábitos de alimentación saludable, no pueden comer todo lo bien que quisieran porque
su bolsillo es incompatible con el nivel de inflación: “Eso ocurre, sobre todo, entre los pensionistas, cuyo
nivel adquisitivo es menor”, señala. Y eso que, merced a la revalorización del 8,5 por ciento de las pensiones aplicada desde enero,
la pensión media de jubilación creció en agosto un 9,5 por ciento más con respecto al mismo mes del año anterior.
La responsable de Endocrinología y Nutrición de la SEMG pone como modelo para paliar esa circunstancia los
programas de acceso a alimentos impulsados por EEUU para las familias con menos recursos económicos. “Las encuestas reflejan que entre las familias que recibían esos cupones
había crecido el consumo de frutas y verduras, y que el riesgo de sufrir problemas cardiovasculares se había reducido en un
4 por ciento”, concreta. Al respecto, avanza que, por ello, los médicos de Familia a los que representa en el Ministerio de Consumo a través de la
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), tienen la intención de presentar en el Senado una propuesta para conseguir que se puedan adquirir frutas y verduras gratis con una receta médica.
La rebaja estatal del IVA no frena la inflación
El 1 de enero entró en vigor una de las medidas impulsadas por el Gobierno de España para contener la inflación: la eliminación temporal del
IVA del 4 por ciento en
productos de primera necesidad como las frutas y las verduras, además del pan, las harinas panificables, la leche, los huevos, el queso, las legumbres, las hortalizas, las patatas y los cereales. En principio se iba a mantener vigente sólo durante los primeros seis meses del año, pero, en junio, el Ejecutivo anunció que
se prorrogaba hasta finales de 2023. Sin embargo, la rebaja ha resultado ser insuficiente. En lo que va de año, las frutas se han encarecido un
15 por ciento, y las legumbres y hortalizas, un
0,6 por ciento.
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