Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.
28 ene. 2020 18:00H
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El empresario asturiano Raimundo Santamarta ha presentado una notificación de arbitraje contra la República de Venezuela, en la que reclama una indemnización de al menos 200 millones de dólares (182 millones de euros) por la confiscación de los bienes de la planta de producción de SM Pharma, situada en Maracaibo.
Según ha informado en un comunicado su bufete de abogados, B. Cremades y Asociados, la familia Santamarta invirtió en Venezuela en la década de los setenta y desarrolló un negocio farmacéutico que se expandió por todo el país. Sin embargo, denuncian que desde 2015 diversos entes y autoridades gubernamentales venezolanos "han venido desplegando medidas para obstaculizar las actividades de la familia, todas ellas discriminatorias y arbitrarias".
El 9 de febrero de 2019, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación emitió un comunicado para rechazar la confiscación de la planta de SM Pharma por parte del Ejecutivo de Nicolás Maduro. El Gobierno español denunció que se hizo "sin respetar" las leyes de Venezuela, sin que existiese justificación que la fundamente e "incumpliendo" los compromisos adquiridos frente al Ejecutivo español.
Inseguridad jurídica en el país
Para Exteriores, esta medida "supone un perjuicio directo para el sector salud venezolano y para el abastecimiento de productos esenciales que benefician a la sociedad". Además, señaló que representa "una violación del Estado de Derecho y una señal para los inversores nacionales e internacionales sobre la falta de seguridad jurídica existente en el país".
Dos meses después, el 17 de abril, Raimundo Santamarta envió una carta de notificación de disputa al Gobierno de Venezuela, donde manifestó su consentimiento para iniciar un arbitraje internacional y trató de llegar a un arreglo amistoso, "lo cual no fue posible". Ahora, Santamarta ha interpuesto una reclamación de arbitraje en su condición de inversionista español.
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