Christoph Stolle, responsable de Grünenthal en España.
Ciudadanos presentó hace una semana una
proposición no de ley (PNL) para que el
Gobierno "recabe de
Grünenthal la colaboración económica necesaria para la reparación de las víctimas, así como el reconocimiento del daño causado". En esta línea, el laboratorio ha señalado a
Redacción Médica que "la compañía está habitualmente en contacto con representantes de todas las partes implicadas y se encuentra a disposición del Ministerio de
Sanidad, aunque
nuestra participación en este proceso sea muy específica".
Sin embargo, el laboratorio señala que "ya existen mecanismos establecidos que permiten que aquellos afectados por un producto con talidomida de Grünenthal puedan solicitar ayudas". En concreto, los afectados de España "reconocidos por la Fundación Contergan,
pueden acceder a las ayudas sociales de la Fundación Grünenthal en Alemania".
Además, la compañía incide en que los productos con talidomida de Grünenthal "solo fueron vendidos en España por un distribuidor local desde noviembre de 1960 hasta noviembre de 1961. Asimismo, otras tres entidades (Instituto Farmacológico Latino, Farmacobiológico Nessa y Pevya) distribuyeron talidomida en España incluso antes y después de que Grünenthal comercializara su producto,
sin el consentimiento de la compañía".
Las cifras de Avite
La Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite) reclama al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social más de
390 millones en materia de indemnizaciones para los 276 socios de la asociación que han solicitado ser reconocidos e indemnizados por los efectos de la talidomida.
Además, Avite ha pedido que las indemnizaciones
tengan un "gravamen fiscal nulo o leve". Sin embargo, es un tema que el Ejecutivo de Pedro Sánchez todavía no ha resuelto. Para Rafael Basterrecha, vicepresidente de la asociación, “no es lógico que una parte importante de las indemnizaciones que tengamos que recibir sea
destinada a la Agencia Tributaria".
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