El Ministerio de Sanidad está más cerca de financiar sofosbuvir

María Río, directora general de Gilead.

Redacción. Madrid
El Gobierno ha salido al paso de la polémica generada por el alto precio de sofosbuvir, fármaco de Gilead (su nombre comercial es Sovaldi) para el tratamiento de la hepatitis C, asegurando que las negociaciones para su financiación están “muy avanzadas”.

Así, en las próximas semanas, a la vuelta de las vacaciones de agosto, podría alcanzarse un acuerdo definitivo sobre su precio y reembolso. Así, el Ministerio de Sanidad responde a aquellos que lo conminaban a garantizar el acceso de las nuevas opciones terapéuticas para la enfermedad a pesar de su coste.

Un portavoz del departamento dirigido por Ana Mato, en declaraciones a Europa Press, ha explicado que, hasta ese momento, las comunidades autónomas pueden autorizar su uso en los pacientes más graves, importándose como medicamento extranjero.

Tres fármacos en tres meses

Con la entrada de sofosbuvir en la financiación pública (su uso está autorizado por la Aemps desde principios de año) son ya tres las alternativas terapéuticas contra la hepatitis C que han llegado en menos de tres meses. En julio, Sanidad alcanzaba un acuerdo con MSD para financiar boceprevir (Victrelis) según un esquema de pago por resultados, de los primeros alcanzados a nivel nacional.

Este mes de agosto también hacía su aparición en la sanidad pública simeprevir, fármaco de Janssen (Olysio) para dicha patología, cuyo reembolso se produce dentro de un esquema de techo de gasto: calculado el coste por paciente, una vez superada la cifra sería el laboratorio quien se hace cargo del gasto.

El tratamiento con sofosbuvir es el más caro de las nuevas terapias contra la hepatitis C, y su precio oscila entre los 60.000 y 180.000 euros. Es posible que, viendo los precedentes, Gobierno y laboratorio fijen un esquema de pago por resultados que garantice el acceso al medicamento y no dispare el gasto en el tratamiento de esta enfermedad.

Una plataforma denunciará a Sanidad

Por otro lado, un grupo de pacientes han anunciado que el próximo mes de septiembre denunciarán, a través de la denominada Plataforma Ciudadana, al Ministerio de Sanidad por “omisión de deber de socorro”. Y es que a su juicio, el Gobierno no paga el tratamiento porque al no estar incluido en los medicamentos financiados, son las comunidades autónomas las que deben sufragar los gastos del mismo.

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