Alfonso Moreno; Conxita Tarruella; Leyre Bracenas; Héctor Jausás; y Antón Herreros.
Cristina Cebrián


5 abr. 2017 13:40H
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POR EDUARDO ORTEGA
A pesar de que los programas de soporte a pacientes (PSP), herramientas para facilitar a los pacientes el manejo de su enfermedad y de su medicación facilitadas (generalmente) por la industria farmacéutica, son una realidad desde hace años en España, no existe ningún tipo de entorno legal ni legislación para su desarrollo, lo cual da pie a "indeseables inseguridades" en el sector farmacéutico.

Así lo ha indicado  Héctor Jausás, socio de Jausás Legal, quien ha advertido de que estas herramientas se mueven por un "terreno virgen. Son una realidad que lleva existiendo años en España, pero no tienen un soporte legal".

"¿Quién es competente en PSP?", se ha preguntado Jausás. "En principio, corresponden a la Administración del Estado". Sin embargo, ocurre que "si el Estado no ha ocupado o regulado unas competencias, se penaliza la inactividad pudiendo las comunidades autónomas realizarlas, ocupando incluso legislación básica".

Este es el caso de los PSP, que, ante el vacío legislativo, el legalista aconseja desarrollar en colaboración con las autonomías, para evitar cualquier tipo de complicación legal. Por otro lado, a nivel europeo estas herramientas tampoco se regulan "pero se reconocen" y se deben gestionar sobre todo a nivel de "farmacovigilancia".

Conxita Tarruella, presidenta de Esclerosis Múltiple España; Alfonso Moreno, presidente de Fuinsa; Leyre Braceras, jefa de Servicio de Farmacia en el Gobierno Vasco; Antón Herreros, director general de Fuinsa, y Héctor Jausás, socio de Jausás Legal.

Conxita Tarruella, presidenta de Esclerosis Múltiple España; Alfonso Moreno, presidente de Fuinsa; Leyre Braceras, jefa de Servicio de Farmacia en el Gobierno Vasco; Antón Herreros, director general de Fuinsa, y Héctor Jausás, socio de Jausás Legal. 

 
Profesional sanitario como intermediario

 
En este sentido, en Reino Unido ya existe una guía para la elaboración de los programas, que Jausás pone como ejemplo para su desarrollo en España. Entre sus criterios incluye que no puede haber "interacción directa" entre paciente y compañía, sino que el PSP tiene que estar mediado por un profesional sanitario. Tampoco están permitidos posibles incentivos para los mismos. "Los PSP no pueden suponer una fórmula de promoción de productos", ha avisado. 
 
Esta cuestión se torna especialmente peliaguda cuando el PSP aborda la mejora de la adherencia. "Deben de exigirse determinadas restricciones generadas por la Ley General de Publicidad. Aunque la adherencia es un fin terapéutico, la fidelización comercial no. El esfuerzo legal está cómo gestionamos esta situación". 
 
Ha añadido también que sería adecuado que los servicios que se den a los pacientes "se canalicen por compañías y empresas independientes" al laboratorio financiador, que cumplieran el papel de intermediarios, además del profesional sanitaria. "Cuanto más alejemos los eslabones de la cadena, mayor seguridad jurídica tendremos". Además, aconseja que mediante "procesos de seguridad internos se den pautas y códigos de conducta" para su desarrollo, en las compañías. 
 
Humanización 
 
Estas cuestiones se han abordado en la jornada 'Los programas de soporte a pacientes en el SNS', organizada por la Fundación para la Investigación en Salud (Fuinsa). En ella también ha participado Leyre Bracenas, jefa del Servicio de Farmacia del Gobierno Vasco, quien ha reconocido que todavía no hay PSP pactados con la administración en su región, pero ha asegurado que están abiertos a ello. 
 
Por otro lado, Conxita Tarruella, presidenta de Esclerosis Múltiple en España, ha advertido de que para la  elaboración de los programas "es necesario que los pacientes sean escuchados, y que sean atendidos individualmente".
 
Mientras, "cuando hablamos sobre humanización de la sanidad, no se trata solo de poner una sonrisa, sino también de poner recursos para que los profesionales puedan atender al paciente como se merece. Y lo primero que se merece es dignidad". Además, ha hecho hincapié en la "falta de respecto a la protección de datos" en determinados centros de salud españoles.


José Andrés Santos y Ana Díez del Corral, ambos de Janssen. A continuación, Íñigo Pérez, de Abbvie.

José Andrés Santos y Ana Díez del Corral, ambos de Janssen. A continuación, Íñigo Pérez, de Abbvie. 


Yldania Piba, Santiago Ros y Jakobo Koc, de Caregiving Ibérica.

Yldania Piba, Santiago Ros y Jakobo Koc, de Caregiving Ibérica.


Natividad Calvente, de MSD; Alfonso Moreno, y Esther Minguel,. de Zambon.

Natividad Calvente, de MSD; Alfonso Moreno, y Esther Minguel,. de Zambon. 


Conxita Tarruella. A continuación, Francisco Viceira e Ignacio Martí, ambos de Almirall.

Conxita Tarruella. A continuación, Francisco Viceira e Ignacio Martí, ambos de Almirall. 



Leyre Braceras y Héctor Jausás.

Leyre Braceras y Héctor Jausás.


Isabel Hurtado, de MSD; Antón Herreros, y Ángela González, de Grünenthal.

Isabel Hurtado, de MSD; Antón Herreros, y Ángela González, de Grünenthal. 


Alfonso Moreno charla con Miguel Ángel Calleja, presidente de la SEFH. Por detrás, Marisa Mantecón conversa con Pascual Marco, vicepresidente de la SEHH.

Alfonso Moreno charla con Miguel Ángel Calleja, presidente de la SEFH. Por detrás, Marisa Mantecón conversa con Pascual Marco, vicepresidente de la SEHH.



La jornada se ha celebrado en el salón de actos de la APM.

La jornada se ha celebrado en el salón de actos de la APM. 


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