La SEOM lleva los equivalentes terapéuticos ante el Defensor del Pueblo

Redacción. Madrid
La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) ha presentado una queja al Defensor del Pueblo sobre el Acuerdo Marco de Alternativas Terapéuticas Equivalentes que hizo público el pasado 30 de julio la Consejería de Salud y Bienestar Social de Andalucía y donde se incluyen medicamentos oncológicos. A juicio de la SEOM, este acuerdo “es radicalmente contrario a la legislación estatal de prescripción y dispensación de medicamentos y discrimina gravemente a los pacientes andaluces”.

Juan Jesús Cruz preside la SEOM.

Mediante esta queja la SEOM manifiesta su preocupación ante la declaración de “equivalencia terapéutica” para medicamentos distintos. Concretamente, el Acuerdo Marco incluye tres anticuerpos monoclonales aprobados en España para el tratamiento del cáncer colorrectal metastásico (CCRm) que son: el bevacizumab, el cetuximab y el panitumumab. Estos fármacos oncológicos, indican desde la SEOM, “tienen distintos mecanismos de acción y no son equivalentes terapéuticos, sino fármacos que tienen sus indicaciones específicas”. Esta afirmación, apostillan, se ratifica con el listado de fármacos biológicos no sustituibles de la Agencia Española del Medicamento donde se incluyen estos anticuerpos monoclonales.

La selección del mejor tratamiento debe dirigirse de manera personalizada y debe basarse en las características moleculares del tumor y las características clínicas del paciente oncológico. Sin embargo, denuncian los oncólogos, en los hospitales andaluces la elección del medicamento que se dispensará al paciente no se efectuará por el médico según su criterio clínico, sino por el Sistema Andaluz de Salud (SAS) mediante la adjudicación de este acuerdo “basado en motivos económicos”.

Citando el artículo 88 de la Ley de Garantías, la sociedad ha solicitado al Defensor del Pueblo que inste a la Consejería de Salud y Bienestar Social de Andalucía a retirar dicho acuerdo, de modo que “no se vulneren los derechos de profesionales y pacientes, sobre todo el derecho constitucional a la protección de la salud”.