Richard Bergstrom, director general de la Efpia, y Guido Rasi, director de la EMA. |
La Federación Europea de Industrias y Asociaciones Farmacéuticas (Efpia), la Asociación Europea de Medicamentos Genéricos (EGA), la industria europea de la biotecnología (EuropaBio), la Asociación de la Industria Europea de Automedicación (Aesgp) y la Confederación Europea de Empresarios Farmacéuticos (Eucope) han abordado estas reclamaciones en un comunicado conjunto en el que recuerdan que la Comisión Europea había vaticinado un ahorro anual de 145 millones de euros.
En cambio, las compañías se han encontrado con que la puesta en marcha de esta medida ha supuesto un incremento “significativo de los costes en comparación con las cifras de impacto previos”. Además, indican que no hay “una comunicación abierta y transparente de los cálculos en los que se apoya este aumento”.Asimismo, consideran que la propia EMA y las autoridades nacionales se deben hacer cargo de forma parcial de dichos costes. Esto lo razonan desde la base de que “las actividades de farmacovigilancia son parte de la misión general de la EMA y de las autoridades nacionales competentes para garantizar la salud pública”.
Por todo esto, “la industria de la salud insta a los tomadores de decisiones de la UE a presentar desgloses de los costos anuales”, unos datos que deben incluir los costos de la farmacovigilancia a nivel europeo y nacional (incluyendo las cuotas anuales nacionales y variaciones relacionadas con la seguridad), a fin de llegar a una imagen a escala europea.