Farmaindustria: "La Airef solo se centra en reducir costes a corto plazo"

La industria farmacéutica innovadora (Farmaindustria) ha emitido en un comunicado su parecer sobre el informe de gasto farmacéutico elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), donde propone extender el modelo de subastas instalado en Andalucía a nivel nacional, ya que estiman que será posible ahorrar unos 1.000 millones de euros hasta 2022. En el mismo muestra su descontento con los datos y recomendaciones ofrecidas, y alega que "deja de lado los aspectos relacionados con la salud, la calidad de vida y el interés de los pacientes, para centrarse de forma exclusiva en la reducción de costes a corto plazo".

La industria argumenta que no se reconocen "los beneficios que los medicamentos innovadores suponen para la sociedad en términos de años de vida ganados y ahorros de costes sanitarios (menos hospitalizaciones y menor gasto hospitalario) y sociales, como las mejoras en el ámbito de la incapacidad laboral (que se traduce en mayor productividad) o los cuidados familiares".

En este sentido, Farmaindustria señala que la Airef "ignora la complejidad del proceso de innovación y la naturaleza incremental del progreso terapéutico, reduciendo los procedimientos de intervención de precios a un mero problema de obtener el precio más bajo posible a lo largo del ciclo de vida del medicamento, y obviando otros condicionantes críticos de una actividad administrativa tan importante como es la regulación económica del medicamento. En suma, propone un enfoque exclusivo sobre el coste, sin considerar la cualidad de inversión que tiene el gasto en medicamentos".

Convenio entre Gobierno y Farmaindustria

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Farmaindustria alega que el impacto de las medidas de ahorro de la Airef supondrían "un importante daño" para el sector innovador

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Otra de las quejas de la industria farmacéutica innovadora es que"no se ha tenido en cuenta el Convenio entre Gobierno y Farmaindustria". Farmaindustria explica que este convenio "implica la colaboración para el uso adecuado del medicamento, sobre la base de la protección del acceso por parte del paciente y la sostenibilidad del sistema sanitario, y que supone que, en caso de que el gasto público crezca más de lo que lo hace el PIB, la industria farmacéutica devuelva la diferencia a la Administración", un factor que también influye en el gasto farmacéutico. 

Respecto a las recomendaciones del informe, Farmaindustria asegura que el impacto que tendrían en el sector sería muy dañino: "Al plantear las medidas de ahorro, los autores del informe no han tenido en cuenta su impacto sobre el tejido productivo e innovador del país. En concreto, de llevarse a cabo, las citadas medidas supondrían un importante daño, desde el punto de vista productivo, para la industria farmacéutica, que produce medicamentos en España por valor de 15.000 millones de euros.

A su vez, subrayan que "las medidas de ahorro a corto plazo que plantea el documento no tienen en cuenta la reducción que ha experimentado el gasto farmacéutico público en receta (en oficina de farmacia), que ha pasado de representar el 1,13 por ciento del PIB y una cuantía de 260 euros per cápita en 2010 al 0,87 por ciento del PIB y 228 euros per cápita en 2018". 

Finalmente, la industria alega que "el estudio ignora un indicador clave para medir la eficiencia del modelo farmacéutico español: el tamaño del mercado fuera de patente" y que "recoge un cúmulo de medidas que pretenden afrontar un mismo problema y se acaban solapando e incurriendo en incompatibilidades entre ellas, sin hacer una evaluación comparativa de las mismas y sin respetar el principio de proporcionalidad que debe presidir toda regulación".