Farmaindustria acata al TC pero alerta de efectos negativos de las subastas

Farmaindustria acepta y respeta la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) a favor de la subasta de medicamentos de Andalucía que había recurrido desde 2012, pero alerta de las consecuencias negativas que puede conllevar ya que, a su juicio, no son una solución adecuada para una política farmacéutica a largo plazo.
 
En un comunicado, recuerdan los riesgos de seleccionar un solo proveedor ya que, según se ha visto en estos cuatro años, "en muchas ocasiones los adjudicatarios no cumplen con sus obligaciones de suministro" con el consiguiente riesgo de desabastecimiento de medicamentos.
 
Al mismo tiempo, pone de manifiesto el riesgo que se asume al confiar a una sola compañía el suministro de algo tan sensible como es el medicamento y la falta de unas cautelas que aseguren el cumplimiento íntegro de las condiciones de suministro.
 
Y por otro lado, denuncian que las subastas generan inequidades en el acceso a la prestación farmacéutica en el Sistema Nacional de Salud (SNS) puesto que, cuando se prescribe por principio activo, "los pacientes andaluces no tienen la posibilidad de elegir, como sí ocurre en otras autonomías, entre todos los medicamentos que se encuentran a precio más bajo".
 
Farmaindustria también advierte de la ruptura de la unidad de mercado que conlleva la medida, al excluir en la práctica durante dos años a los medicamentos que no son seleccionados. "La experiencia internacional en los pocos países donde se aplican subastas de medicamentos muestra a medio plazo una reducción del número de competidores y una progresiva deslocalización de plantas de producción", ha denunciado.
 
Por ello, propone que sea el Ministerio de Sanidad el que coordine una política farmacéutica para el conjunto del SNS y a largo plazo, coordinada por el Ministerio de Sanidad, "a partir del diálogo con todas las administraciones sanitarias y siempre en el respeto de sus respectivas competencias y de las decisiones individuales de las empresas".
 
"Así será posible aplicar soluciones en el marco de la actual regulación nacional que permitan conciliar la sostenibilidad del sistema sanitario con el acceso en condiciones de calidad y equidad para los pacientes", han sentenciado.