El nuevo convenio de distribución farmacéutica se enroca en las 37,5 horas

El último Convenio Colectivo de Distribuidores de Productos Farmacéuticos caducó el pasado 31 de diciembre de 2023. Actualmente, sindicatos y patronal se preparan para encarar el siguiente: ya se ha constituido la mesa negociadora y próximamente, en la siguiente reunión, se comenzará la negociación, tal y como han explicado fuentes sindicales a Redacción Médica. Además, estos señalan sus ‘líneas rojas’ poniendo el foco en dos cuestiones: el salario y la jornada laboral hasta alcanzar las 37,5 horas.

Sobre el primer punto, resaltan que quieren la "recuperación del poder adquisitivo". La jornada laboral que actualmente están pidiendo es de 37 horas y media. "No se puede concretar más porque vamos a tener reunión los sindicatos presentes en la negociación para realizar la plataforma sindical unitaria", explican estas fuentes.

Este futuro acuerdo es de obligado cumplimiento para todas aquellas personas físicas y jurídicas que se centren en el comercio al por mayor de especialidades y productos farmacéuticos. Esto repercute también a las compañías de nueva instalación.

El último acuerdo, que contaba con una vigencia de tres años (2021, 2022 y 2023), recogía que los agentes implicados estaban obligados a negociar el nuevo convenio tres meses antes de su financiación. Sin embargo, en verano, fuentes del sector aseguraron a este medio que empezarían a negociarlo más adelante de la estación estival, conforme se viera la evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC).

El convenio anterior de distribuidores pharma

En el acuerdo que finalizó en 2023, una de las novedades fue su duración: mientras que el anterior era de dos años, este fue de tres. Fue suscrito en junio de 2022, tras año y medio de negociaciones, y recogido en el Boletín Oficial del Estado (BOE) tres meses después. El convenio era con carácter retroactivo. En este documento fueron recogidas las subidas salariales: del 2 por ciento en 2021; del 3,5 por ciento en 2022; y del 3 por ciento en 2023, lo que suma un total de 8,5 por ciento en tres años.

Una vez concluido este periodo de vigencia, en enero de 2024 se debían reunir las partes implicadas para revisar los incrementos del IPC durante ese tiempo. Si la suma de esos tres años resultaba superior a ese 8,5 por ciento mencionado, se aplicaría la diferencia salarial de 2024, con un tope del 12 por ciento, como máximo.

Además de este punto, también se acordó la reducción de jornada de ocho horas, el registro de jornada, las cláusulas nuevas referentes al teletrabajo, o la incorporación de más días de permiso retribuido. Además, por otro lado, la vigilancia al absentismo injustificado contaba con un apartado concreto, puesto que "conlleva una pérdida de productividad". Por ello, se creó una comisión para poder conocer las causas que llevan a ello. Además, se establecieron mecanismos de seguimiento y se aplicaron medidas para solucionarlo.