El ministerio reparte lo recaudado a la industria entre las comunidades autónomas

Marcos Domínguez. Madrid
Uno de los puntos fuertes de este próximo Consejo Interterritorial será la distribución de los fondos recaudados por la tasa aplicada a la industria farmacéutica por la disposición adicional sexta de la ley 29/2006 de Garantías y Uso Racional de Medicamentos y Productos Sanitarios.

La tasa se establece en función del volumen de ventas de los laboratorios, además de su clasificación en el plan Profarma, y va destinada al desarrollo de más de 20 programas, algunos ya consolidados y otros pendientes de ponerse en marcha. Del total se descontarán 4,5 millones de euros, que son los que recibirá el Instituto de Salud Carlos III para actividades relacionadas con la traslación de la innovación al SNS; 830.000 euros, que financiarán el Plan Nacional de Donación de Médula Ósea (que gestionan las comunidades), y 300.000 euros, dirigidos al Plan de Desarrollo de Plataformas de Compra Centralizada, que gestiona el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.

De lo restante, el 60 por ciento irá destinado a las comunidades autónomas (en función de un criterio poblacional), mientras que el ministerio recibirá el 40 por ciento. Ambas partes coordinarán y gestionarán el resto de programas, destinados a la cohesión del SNS, a programas de formación continua de profesionales y a la creación de una red de escuelas de salud para los ciudadanos.

Entre los programas de cohesión sanitaria, se encuentra la mejora de la atención farmacéutica (en crónicos y polimedicados); el desarrollo de la receta electrónica y su interoperabilidad con la historia clínica electrónica y la tarjeta sanitaria; el desarrollo de las nuevas medidas de farmacovigilancia; un plan estratégico para abordar la resistencia a antibióticos; el desarrollo del registro estatal de profesionales sanitarios; el seguimiento de las coberturas de vacunación; la implantación de las plataformas de las redes de laboratorios de diagnóstico de tuberculosis y de centros comunitarios de diagnóstico de VIH; y la mejora del sistema de información sanitaria en el ámbito de las comunidades autónomas y de la Cartera Básica de Servicios del SNS.

El uso de las tasas para la formación continua de los profesionales es una propuesta no desarrollada todavía y que incluiría programas para el uso racional de medicamentos (empezando por los antibióticos), para médicos inspectores en la evaluación de centros docentes, para el desarrollo de la formación especializada normalizada en España y los diplomas de acreditación y acreditación avanzada. La propuesta que se debatirá en el Consejo Interterritorial también incluye la creación de una red de escuelas de salud para ciudadanos, para que puedan participar en las decisiones en todo el SNS.

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