José Luis Molina, enfermero del Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias de Granada.
La madrugada del 3 de octubre de 2013, un individuo que estaba en la puerta de una discoteca se abalanzó sobre una
ambulancia que regresaba, tras atender una urgencia, al
Centro de Salud de Gran Capitán, en Granada, y comenzó a agredir al conductor a través de la ventanilla. El compañero que iba sentado al lado bajó del vehículo para detenerle. Le dijo “¡qué haces!” y, sin mediar palabra, el agresor le pegó una
brutal paliza. La consecuencia: seis hernias de disco –tres cervicales y tres lumbares–, dos operaciones (la última en mayo de 2017) y tratamientos a base de morfina en la
Unidad del Dolor. De hecho, actualmente, continua de baja tras la segunda intervención y fuertemente medicado porque “el dolor no se va”.
El copiloto era
José Luis Molina, enfermero del
Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias de Granada (DCCU): “Después de recibir todos los puñetazos y golpes que me dio, caí al suelo, ni siquiera pude tocarle. Entonces llegó otro, que al parecer era su primo, y le dijo ‘¡corre, Manolo!’, al tiempo que me agarraba y me amenazaba con la mano en alto para que su primo huyera”.
La
policía solo pudo identificar al segundo individuo, quien había amenazado de muerte, agredido verbalmente y sujetado fuertemente del antebrazo a José Luis. El enfermero puso la denuncia, hubo un
juicio, pero nunca se supo la identidad del primer agresor.
Para más inri, el
conductor de la ambulancia testificó que la persona que inmovilizó a José Luis no agredió al enfermero en ningún momento: “Se estaba jugando cuatro años de cárcel por delito de
atentado a la autoridad, pero las declaraciones del conductor crearon dudas al juez y quedó
absuelto de todos los cargos”. José Luis desconoce por qué su compañero –con quien todavía trabaja– declaró en su contra: “No lo entiendo, si estaba
amenazado podría haber hablado con mi abogado y no le habrían llamado para declarar en el juicio”.
SIN NINGÚN MOTIVO
Tampoco sabe con seguridad cuál fue el desencadenante de la agresión: “Supongo que el primer tipo estaría
drogado porque tenía una fuerza sobrehumana, aunque era más bajo que yo y delgado. Mido 1,79 metros y peso 95 kilos, soy grande, pero no pude zafarme de él. No tengo ni idea de por qué asaltó la ambulancia porque huyó y nunca se supo nada de él”.
EL PERSONAL SANITARIO ES AUTORIDAD PÚBLICA, PERO ¿QUIÉN LO SABE?
El Código Penal protege al personal sanitario como autoridad pública, pero ¿saben los pacientes que los profesionales que les atienden tienen este reconocimiento? José Luis Molina considera que no: “Han faltado campañas por parte de la Administración para que la gente sepa que somos autoridad pública y que, si agredes a un profesional sanitario, te puede caer una pena de hasta cuatro años de cárcel por delito de atentado a la autoridad”. Por eso este enfermero no tiene miedo a contar su historia y a transmitir a la población “que el personal sanitario está aquí para ayudar y velar por su salud”. Reconoce que las situaciones de violencia hacen que los profesionales estén a la defensiva: “Ya no te fías del usuario, no sabes si te va a agredir. Muchos pacientes se creen que por entrar pegando gritos o por agredirnos verbal o físicamente les vamos a atender antes o vamos a hacer lo que quieren”.
“Lo que declaró el segundo agresor fue que él estaba allí, que no conoce al otro y que vio una pelea y se acercó a separar. Pero en el momento de la agresión le dijo ‘corre Manolo’ y me acusó de pegar a su primo. Está claro que eran
familia, pero la policía no ha podido localizarle”.
José Luis es consciente de que el trabajo en el DCCU entraña riesgos, y lo asume: “
La noche es peligrosa, tenemos que estar 24 horas de guardia y nos encontramos situaciones muy tensas”. Lleva ejerciendo su profesión de este dispositivo desde 2010, pero es enfermero del
Servicio Andaluz de Salud (SAS) desde 1991.
AMENAZAS DE MUERTE
“Me amenazó de muerte un paciente que ya había apuñalado a un celador en otro centro”
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En los 27 años que lleva “de servicio”, José Luis ha vivido otras dos situaciones de violencia. La primera de ellas fue en el
Centro de Salud de Armilla, un municipio cercano a la ciudad de Granada donde trabajó desde 1998 hasta 2002. Relata que tuvo que irse porque le amenazaron de muerte: “Una mujer entró a robar al centro. Yo llamé a la policía y la cogieron, pero el marido, que se había quedado en la puerta,
me amenazó de muerte. Fui a denunciarlo a la Guardia Civil, pero me recomendaron que me marchara porque ese señor acababa de salir de la cárcel por
asesinato y, si ponía la denuncia, la parte contraria iba a tener mi dirección. Así que, por miedo, no denuncié”.
Años después, ya en el DCCU de Granada, pero en el
Centro de Salud de La Chana, un paciente psiquiátrico también le amenazó de muerte: “Este paciente ya había
apuñalado a un celador del
Centro de Salud de Zaidín y ella me pidió que la acompañara mientras le atendía. La doctora no le quiso dar la medicación que él exigía y la tomó conmigo. Como solo fue una agresión verbal, le cayó una
multa y poco más, pero iba a buscarme continuamente al centro”. Por eso le trasladaron al de Gran Capitán, donde trabaja ahora.
A pesar de todo, este profesional es capaz de
empatizar con los pacientes: “La sanidad pública, que yo defiendo a muerte, cada vez está peor. Los pacientes que llegan a
Urgencias vienen muy cabreados y, a la mínima, la pagan con quien menos culpa tiene: con el profesional sanitario”. Por eso, desde que sufrió la última agresión, se ha empeñado en hacer comprender a la población que “el personal sanitario no tiene la culpa de que la sanidad pública esté como esté; la tienen
los políticos y los recortes”.
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