“Madrid y Valencia han fracturado el sistema sanitario público”

Javier Barbado. Madrid
Las autonomías de Madrid y Valencia, junto con la de Castilla-La Mancha, superan al resto en número de hospitales que han introducido la gestión privada de sus servicios asistenciales por medio de la concesión administrativa o modelo Alzira. Para la gerente del Hospital de Poniente de Almería, que se rige por una fórmula de gestión pública, la política sanitaria tanto del Gobierno central como de las administraciones de aquellas comunidades equivale a “privatizar” el Sistema Nacional de Salud y limitar su cariz universal y equitativo. En su opinión, el debate sobre esta diferencia política palpable está provisto de la máxima actualidad y no resulta baldío sino muy necesario.

María García Cubillo, gerente del Hospital de Poniente.

¿Por qué fórmula exacta de gestión se rige la entidad que dirige?

Las agencias sanitarias son organizaciones que gestionan centros hospitalarios dependientes de la Consejería de Salud y Bienestar Social y,  por lo tanto, son de financiación pública y de provisión publica de servicios, exactamente igual que el resto de los hospitales públicos del Sistema Sanitario y Social Público de Andalucía (Ssspa).
Se rigen por el Derecho Común (civil, mercantil y laboral) en lo que respecta a las relaciones jurídicas externas y al régimen de personal.

¿Qué diferencia, en la práctica, el funcionamiento de una agencia pública como la que encabeza de un hospital o complejo hospitalario que no lo sea en el Sistema Nacional de Salud?

Desde el punto de vista de los pacientes, los hospitales gestionados por las agencias sanitarias y los gestionados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) son exactamente iguales en prestaciones, derechos, accesibilidad, gratuidad y universalidad. La prestación de servicios sanitarios se hace en las mismas condiciones y, de hecho, los pacientes no distinguen si los atiende un hospital gestionado por el SAS o por una agencia sanitaria.

Sí hay, en cambio alguna diferencia interna, en concreto en los sistemas de gestión, referida a términos administrativos no asistenciales.

¿Qué proyectos tiene en curso tanto en el Hospital de Poniente como en el de alta resolución El Toyo?

Ofrecer una atención sanitaria del máximo nivel y con las mayores garantías de calidad y seguridad en cada uno de los dos hospitales y seguir mejorando la satisfacción y resolviendo los problemas de salud de la población de nuestras respectivas áreas de influencia.

¿Qué medidas está tomando en la Agencia para sortear el déficit presupuestario?

La Agencia sanitaria lleva tomando medidas de eficiencia desde hace muchos años y, de manera especialmente intensa, en estos últimos años, de forma que el presupuesto que nos asigna la Consejería de Salud permita cubrir la asistencia sanitaria de los 254.000 habitantes asignados al Hospital de Poniente y 60.000 para el Hospital de Alta Resolución de El Toyo. A modo de ejemplo puedo citar medidas de eficiencia energética en el uso de los recursos energéticos renovables como agua, electricidad… aspecto en el que hemos sido recertificados hace unas semanas por ISO-Aenor por la Norma 14001. También citaré medidas en la gestión de compras para conseguir buenos precios por economía de escala y medidas de uso adecuado de todo tipo de materiales y recursos.

¿Considera que la política sanitaria seguida en Andalucía es mejorable? Si es así, ¿en qué sentido?

El sistema sanitario es una organización de una complejidad impresionante y la mejora continua en la organización es necesaria e imprescindible en busca de los mejores niveles de calidad, seguridad y aceptabilidad por parte de la población, ya que esto último es lo que nos legitima frente a ella. Por eso trabajamos de forma constante y continua para que los pacientes sean atendidos con excelente calidad científico-técnica  (profesionales con los mejores conocimientos y habilidades) y con altas cotas de satisfacción por la atención recibida. Es un sistema redistributivo porque da a cada ciudadano lo que necesita para recuperarse de la enfermedad.

En los últimos meses asistimos, por parte del Gobierno central, a un proceso de fractura del Sistema Nacional de Salud legislando hasta convertir un modelo de Derecho universal y redistributivo en un modelo de aseguramiento y promoviendo la entrada de la industria privada en el sector.

Andalucía, por el contrario, sigue garantizando la asistencia universal y mantiene las carteras de servicios de los centros en condiciones de igualdad y accesibilidad para la totalidad de la población residente en la comunidad autónoma, sin reducir centros, servicios, coberturas o prestaciones.

¿Cuál es su opinión personal sobre recursos como el copago no ya farmacéutico, sino también asistencial? ¿Existen otras vías para gestionar mejor los recursos?

El copago y el repago discriminan a las poblaciones más vulnerables y que, por tener un menor poder adquisitivo, puede dejar de adquirir un medicamento que necesita, por ejemplo, o repercutir en los costes de servicios como la oxigenoterapia o el transporte sanitario. Es una fórmula que no ha demostrado ser útil como medida de ahorro y que va contra los colectivos más vulnerables. Es una medida de inequidad y discriminación y tiene otros costes importantes tanto económicos como sociales 

Desde su punto de vista, ¿es más eficiente una organización sanitaria de gestión privada o es ése un debate baldío?

No es en absoluto un debate baldío. Es un debate de gran calado y de gran actualidad. Forma parte de las mayores preocupaciones de las organizaciones sanitarias y sociales así como de la sociedad en su conjunto;  de hecho, está provocando movilizaciones sociales sin precedentes en algunas comunidades autónomas como las de Madrid y Valencia, por citar dos ejemplos que han dado un enorme giro hacia la privatización de su sistema de salud y que han fracturado el sistema sanitario público.

El sistema sanitario en España es de buena calidad y la población española goza de un buen estado de salud (en términos comparativos en el escenario internacional) con buenos indicadores en términos de resultados y  expectativa de vida, y a un coste que se sitúa en la banda media-baja de los países de nuestro entorno. Y, además, está legitimado por la población que le otorga alta valoración y muy buenos niveles de satisfacción en las encuestas que se hacen habitualmente.

En España, gastamos en salud el 7,1 por ciento del producto interior bruto (PIB), frente al 17,6 por ciento de Estados Unidos (recordemos que existen 50 millones de ciudadanos estadounidenses sin seguro público y con una gran brecha de desigualdad en el acceso a los servicios y grandes diferencias de salud en poblaciones vulnerables).

El fin último de las organizaciones sanitarias privadas es obtener beneficios económicos y, si no se obtienen en la cuenta de resultados, se incrementan los costes para los usuarios o se recortan los servicios o las coberturas.

Las organizaciones sanitarias públicas no tienen ese fin. Por el contrario, su objetivo se relaciona con la universalidad, la accesibilidad y la gratuidad teniendo un efecto de redistribución al tratar a la totalidad de los pacientes en las mismas condiciones y según su necesidad con independencia del coste  (intervención de apendicitis, catarro común o trasplante hepático).