José Antonio Miranda, Concha Andrés, José Javier Castrodeza, Alberto Lafuente y María Ángeles Ibarrondo.
La necesidad de reforzar el papel de los médicos en el Sistema Nacional de Salud (SNS) para que tengan un conocimiento completo sobre el
coste económico de los medicamentos, las terapias o las pruebas diagnósticas ha ganado peso entre los gobiernos autonómicos. Regiones como la
Comunidad Valenciana, el País Vasco, La Rioja o Andalucía coinciden en que este nuevo canal de información mejoraría la gestión de los recursos en los centros sanitarios en un momento marcado por la búsqueda de nuevas vías de financiación.
El debate sobre dónde están los límites en el acceso a los datos de contratación por parte de los facultativos ha surgido en el seno del
XI Encuentro de Altos Cargos de la Administración Sanitaria que organiza
Redacción Médica. Dotar a los sanitarios de un rol más protagonista es una de las claves que las comunidades autónomas exploran junto con nuevos mecanismos como la
introducción del pago por resultados para convertir el sistema en más "sostenible".
El gerente del Servicio Riojano de Salud,
Alberto Lafuente, ha apuntado a la necesidad de hacer a los profesionales sanitarios “partícipes en la toma de decisiones” en el SNS. Algo que pasa por que conozcan en detalle los costes que acarrean las pruebas diagnósticas o las analíticas para que sean capaces de “reflexionar sobre si es necesario o no” llevarlas a cabo en cada situación. Una nueva fórmula que vincula al
concepto de la “medicina basada en valor”.
“Se ha demostrado que cuanto más transparente es la administración y tienes un cuadro de mando que llega abajo realmente
mejora mucho los resultados económicos porque el profesional es una persona que hace microgestión”, ha expuesto Lafuente.
En esta misma línea de trabajo se encuentra inmerso el
País Vasco que también está explorando un mecanismo más “participativo” para mejorar la toma de decisiones de los profesionales sanitarios.
“Estamos trabajando con personas sensatas y no con máquinas. Son decisiones muy complicadas del día a día”, ha subrayado la directora de Investigación e Innovación Sanitaria de la Consejería de Salud,
María Ángeles Ibarrondo.
Más información frente a denuncias
En
Andalucía también apoyan dar más papeles a los facultativos. Además de los costes económicos que acarrea la financiación de medicamentos y de la tecnología sanitaria, también consideran clave que mejore su conocimiento sobre los
cambios normativos que se producen constantemente como resultado de
la aprobación de nuevas leyes. Una información que les daría mayor independencia a la hora de plantear el uso de terapias o diagnósticos.
“He tenido noticias de algunos médicos que,
ante la posibilidad de que luego le vengan querellas, piden pruebas para curarse en salud”, ha relatado el director general de Gestión Económica del Servicio Andaluz de Salud,
José Antonio Miranda.
Para la
Comunidad Valenciana incrementar la información económica que manejan los facultativos va en la línea con otras estrategias que ya han llevado a cabo en el pasado, como cuando decidieron
informar a los pacientes sobre la inversión necesaria para acceder a cada tratamiento que recibían en la sanidad pública. Algo que ahora ven con buenos ojos extender también al colectivo de profesionales sanitarios. “Probablemente sea una
buena idea conocer lo que cuesta cada una de las pruebas o de los tratamientos”, ha apuntado la secretaria autonómica de Eficiencia y Tecnología de Sanidad,
Concha Andrés.
El ejemplo de estas cuatro comunidades autónomas en las que conviven gobiernos con diferentes orientaciones ideológicas, como
PSOE, PP o PNV, habla del consenso que ha despertado este nuevo plan que podría cambiar el rol que actualmente tienen los profesionales sanitarios y dar un paso para dotar de
mayor “transparencia” al sistema.
Las informaciones publicadas en Redacción Médica contienen afirmaciones, datos y declaraciones procedentes de instituciones oficiales y profesionales sanitarios. No obstante, ante cualquier duda relacionada con su salud, consulte con su especialista sanitario correspondiente.