La diferencia con el sector privado se considera insalvable para muchos directivos



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Javier Barbado. Madrid
La regulación de incentivos a largo plazo en la sanidad pública obedece a los dictámenes de Hacienda y no del Ministerio de Sanidad, y eso dificulta que sean objetivos, de aplicación transparente y ligados a resultados de salud y no solo a otros criterios como la antigüedad del profesional, según ha denunciado una serie de directivos del sector privado de la salud.

De izq. a dcha.: Enrique de Porres-Ortiz, consejero delegado de Asisa, Pedro Rico, director general corporativo de Operaciones de IDC Salud; Francisco José Juan Ruiz, director general de Salud DKV Seguros; y Manuel Vilches, director general del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS).


Entre otros, han apuntado en esa dirección Francisco José Juan Ruiz, director general de Salud DKV Seguros, y Pedro Rico, director general corporativo de Operaciones de IDC Salud, en un debate moderado por el director general del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), Manuel Vilches, y que ha organizado la Sociedad Española de Directivos de la Salud (Sedisa) y el Círculo de la Sanidad.

También ha participado en el foro Enrique de Porres-Ortiz, consejero delegado de Asisa, quien ha matizado que, en el ámbito extrahospitalario resulta mucho más difícil de controlar para las aseguradoras de salud a la hora de fidelizar a los profesionales sanitarios; en cambio, en los hospitales y, ante todo, en el caso de las empresas privadas, se fomentan con facilidad los incentivos y la formación específica.

Por su parte, Pedro Rico, director general corporativo de Operaciones de IDC Salud, ha precisado que el incentivo por acto médico en el sector privado “no siempre es bueno, pues han de buscarse mejores resultados sanitarios y no solo mayor producción”. En su opinión, debe caminarse hacia un modelo más práctico en el que no se premia solamente por ver a los pacientes, sino también por tratarles de la mejor manera posible.
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