José Soto, presidente de Sedisa.
La posibilidad de implantar una jornada laboral de 4 días y 34 horas semanales en la sanidad pública y privada, es recibida, a priori, con buenos ojos por los gerentes sanitarios. Según el presidente de la
Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA), José Soto, la idea, de llevarse a cabo,
“es positiva, aunque antes se deben de reforzar las plantillas para asegurar una asistencia continuada”.
La medida, que está siendo valorada por el ministerio de Trabajo, supone para Soto una medida “beneficiosa” para todo el personal sanitario, dado que “cuanto más descanso tenga un profesional sanitario, mejor desarrollará su trabajo”. “Sobre todo ahora, cuando las plantillas están más que tensionadas por la pandemia del coronavirus Covid-19.
Cualquier recompensa es bien recibida”, destaca.
Preguntado por Redacción Médica, el recién elegido presidente de SEDISA reconoce también que antes de aprobar una jornada laboral de 4 días “se deben de reforzar las plantillas, reorganizar los servicios, y especificar las tareas de cada profesional”.
El que es también gerente del
Hospital Clínico San Carlos tiene claro que esta medida no podrá afectar al salario de los profesionales sanitarios, por ello el Gobierno “debe especificar muy bien como financiará esa reducción de jornada, en el caso de llevarse a cabo”.
El Ministerio de Trabajo estudia la propuesta
Y es que el proyecto, tal y como avanzó
Redacción Médica, parece tener el visto bueno del ministerio que dirige Yolanda Díaz.
"Nuestro compromiso siempre ha sido estudiar el tiempo de trabajo, cuestión que va en el programa y es la clave del siglo XXI. Todo se estudiará, pero este tema hay que abordarlo en su integridad: la jornada, las horas extras o la distribución irregular de la propia jornada", trasladaba a este medio el Ministerio de Trabajo, que afirma que se abordará mediante el diálogo social con los sindicatos.
Lo que sí está claro es que tanto médico como enfermeros han reclamado insistentemente esta medida, calificándolo de "absolutamente urgente y necesario", para que así también se recupere en todas las comunidades autónomas el
"derecho laboral perdido en 2010" de trabajar 35 horas semanales, en lugar de 37,5. Una exigencia a la que ahora también se suman los gestores.
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