Los trámites burocráticos siempre son arduos y complejos, más aún sin son requisitos imprescindible para realizar las
prácticas de Medicina. Esto es lo que deben de pensar la mayoría de los
estudiantes del grado médico que desde el
1 de marzo de 2016 tienen que presentar un
certificado de penales por delitos sexuales para poder realizar sus
prácticas de hospital al estar en contacto con menores, y que se debe de exigir desde la propia facultad. La diferencia radica entre aquellos centros que facilitan al alumno la obtención del documento mediante un simple 'clic' y aquellos que dejan al estudiante como único responsable de la gestión.
Redacción Médica se ha puesto en contacto con cada uno de los campus que oferta un
grado en Medicina en la universidad pública. La mayoría de ellos se caracteriza por desconocer el protocolo a seguir para
obtener el certificado negativo de delitos sexuales. Solo una minoría reconoce tener establecido una regla oficial y pública para facilitar al alumno la obtención de dicho certificado, imprescindible para el desempeño de sus prácticas obligatorias.
De las 34 facultades de Medicina -en campus públicos-, solo siete han establecido un mecanismo por el cual se solicitan los certificados de todos sus alumnos de forma colectiva, con la autorización previa de cada uno de ellos. De este modo, “se evita que se
colapsen los servicios de la Delegación del Gobierno al acudir masivamente los estudiantes para solicitar el permiso”, declara
Javier Castrillo, decano de la Facultad de Medicina de Zaragoza, uno de los centros que se encarga de solicitar el certificado de forma grupal.
Otro ejemplo de eficiencia es el que utiliza la
Facultad de Medicina de la Universidad de Cádiz. Esta ha habilitado una
aplicación a través de la cual los alumnos autorizan a su centro solicitar el certificado que les habilita para realizar las prácticas curriculares y extracurriculares en el hospital, “cumpliendo de este modo la ley”, señalan desde la universidad gaditana.
Otras
facultades que siguen esta estrategia de eficiencia y buen hacer hacia el estudiante pertenecen a la Universidad de Murcia, Universidad de Oviedo, Universidad de Girona, Universidad de Lleida y la Universidad Jaume I. Todas ellas explican que en el momento de realizar la matricula se pide
autorización a la universidad para así solicitar al Ministerio de Justicia ese certificado.
“Es un procedimiento que hemos ido perfeccionando y hemos implementado para facilitar la gestión de los estudiantes. Así nos aseguramos que ningún alumno deja de presentar el certificado obligatorio para poder realizar sus prácticas”, señalan desde la Jaume I.
Sin soporte directo
Mientras tanto la mayoría de facultades de Medicina de España han optado por delegar en el alumno la responsabilidad de obtener el certificado de penales para que este, posteriormente, lo entregue en su secretaria.
Algunas universidades, como la de Castilla-La Mancha, tienen publicado una
guía de ayuda para explicar a sus estudiantes el protocolo a seguir para la obtención del documento. Precisamente, es la
facultad de Enfermería de la citada universidad la que firma estas
instrucciones, donde señala los pasos que hay que dar para obtenerlo.
La mayoría de las facultades de Medicina de España han optado por delegar en el alumno la responsabilidad de obtener el certificado de penales para que lo entregue en su secretaria
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En este caso, el certificado es gratuito, no se puede solicitar de manera individual por correo postal y no es necesario acreditarlo periódicamente. Sobre el procedimiento, el documento señala que se puede obtener por
tres vías diferentes: por medios telemáticos –es necesario disponer de un certificado electrónico y acceder a la sede electrónica del Ministerio de Justicia-; de forma presencial cuando no se dispone de los medios telemáticos; o autorizando a otra persona para que lo solicite. En estos dos últimos casos, el documento reconoce que “no siempre se obtiene en el momento, dependiendo del volumen de solicitudes de la oficina encargada de tramitarla”. Una vez el alumno haya conseguido el certificado este deberá entregarlo en la secretaria de la Facultad. Siguiendo estas reglas el estudiante de Medicina no debería de tener problema, en principio, de obtener su certificado de penales.
Por lo tanto, las facultades que ceden al alumno estas competencias son las pertenecientes a la Universidad de Valencia; la Universidad Autónoma de Madrid; la Universidad Miguel Hernández; la Universidad de Las Palmas; la Universidad de Alcalá; la Universidad de Sevilla; la Universidad de Granada; la Universidad Complutense de Madrid; la Universidad de Córdoba; la Universidad Rey Juan Carlos; la Universidad de Salamanca; la Universidad de Valladolid; la Universidad de Cantabria; la Universidad de Santiago de Compostela; la Universidad Autónoma de Barcelona; la Universidad Rovira i Virgili; la Universidad de Barcelona, la Universidad del País Vasco, y la Universidad de Málaga.
Precisamente, esta última reconoce que optaron por la opción que le recomendaron desde sus servicios jurídicos al poder existir un “problema de custodia del certificado”, aunque afirman que los deseos de la universidad es cambiar este formato en el futuro.
Por su parte, la
Facultad de Medicina de Illes Baleares explica que todavía no han tenido la necesidad de pedir el certificado a sus estudiantes, dado que estos se encuentran actualmente en primero y segundo de grado –esta facultad nació en 2016-. Sí explican que cuando llegue el momento de realizar prácticas en los hospitales será la propia facultad la que se encargará de gestionar ese procedimiento, a través de la autorización del alumno, o al menos esa es su intención.
La
Facultad de Medicina de la Universidad de Extremadura ha declinado participar en este reportaje y ha preferido no proporcionar la información solicitada.
Pérdida de tiempo para el estudiante
Daniel Sánchez, vicepresidente del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), reconoce que el hecho de que sean los propios estudiantes los que se deban de encargar de este trámite supone “un pequeño incordio que se podría solucionar”.
“Hay que cumplir con la ley y las universidades deben de poner en marcha todos los mecanismos posibles para que ese trámite se facilite”, explica Sánchez, que reconoce que en su propia facultad de Medicina en Valladolid encontraron diferentes problemas por el que no pudieron habilitar la autorización del alumno para facilitar la gestión. “Todo lo que sea facilitar al estudiante de Medicina la gestión académica siempre va en beneficio nuestro”, concluye Sánchez.
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