MIR de 8 años, única vía legal que ata al médico a ejercer donde se formó

La búsqueda de un mecanismo para obligar a los MIR a ejercer en los servicios de salud en los que han realizado su residencia ha ganado cada vez más peso entre las reivindicaciones de las comunidades autónomas. Hasta siete territorios han planteado ya esta necesidad en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS). Sin embargo, una medida de estas características tiene un encaje casi imposible en el actual marco jurídico español. Únicamente sería factible si se alargase el periodo formativo de manera extraordinaria y se retrasase la obtención definitiva del título como especialista. Algo que en el peor de los casos demoraría el proceso hasta los 8 años.

Guillermo Llago, uno de los responsables del gabinete jurídico de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), ha explicado a Redacción Médica que la única posibilidad remota de articular algo así pasa por estirar la duración de la residencia para incluir un periodo adicional de prácticas obligatorias en cada especialidad. Aunque esta transformación requeriría una “profunda modificación” legislativa, que abarcaría desde la normativa particular sobre el MIR hasta el Estatuto Marco o el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). 

El experto ha advertido que esta estrategia, en todo caso, despertaría muchas dudas jurídicas como cuál debería ser la remuneración de los facultativos cuando se encuentren en esta fase, qué tipo de relación laboral tendrían con la administración pública o cuáles serían sus derechos laborales en aspectos como las guardias. “Es una barbaridad, una idea loca. Ante la fuga de talento, el profesional es el que saldría perjudicado”, ha lamentado el líder sindical.

No es la primera vez que una estrategia parecida se coloca sobre la mesa. El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad de Extremadura, José María Vergeles, ya defendió en un encuentro organizado por Redacción Médica la creación de un nuevo “contrato de estatutarios en prácticas” durante la Formación Sanitaria Especializada (FSE) para acelerar su contratación. Aunque la medida fue cuestionada por las principales asociaciones que representan a los médicos jóvenes y los MIR.

Esta medida también cuenta con el rechazo de CESM que considera que la mejor opción para tratar de retener el talento de los MIR en cada servicio de salud pasa por realizar ofertas atractivas de empleo para que no se marchen a otras comunidades. “Las políticas que se deben de emprender son incentivar a que se queden con buenas condiciones de trabajo”, ha reafirmado Llago.

Los cambios en el MIR, responsabilidad estatal

La búsqueda de mecanismos para mantener a los MIR en sus respectivos servicios de salud ha ganado peso entre comunidades autónomas de diferentes signos políticos, que se sienten perjudicadas por esta movilidad de especialistas. Sin embargo, el actual mapa de competencias les impide tomar las decisiones de manera unilateral. De ahí, que hayan llevado ya el tema al Consejo Interterritorial del SNS, donde se citan con el Ministerio de Sanidad.

El experto jurídico de CESM ha recordado que actualmente la legislación sobre la residencia médica se sustenta en una “norma básica del Estado”. Esta condición ya ha frenado en los juzgados algunas medidas como el establecimiento de complementos por pagas extraordinarias por regiones. Si cualquier gobierno autonómico intentase por libre estirar el MIR, obtendría previsiblemente una rápida impugnación en la Justicia. “Es imposible que una comunidad autónoma haga una modificación de ese tipo. No tiene competencia”, ha zanjado.