En vigor la ley que agiliza la acreditación de unidades docentes troncales

Nueva herramienta en la implementación de la troncalidad. La entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre (en sustitución de la Ley 30/1992) ha renovado la regulación del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y abierto una nueva puerta para acelerar la puesta en marcha del nuevo modelo de formación sanitaria especializada. Específicamente, será una normativa clave al momento de acreditar y reacreditar a las unidades docentes troncales en menos de un año, para lograr la meta de que la troncalidad llegue para la convocatoria 2018-2019.

El Ministerio de Sanidad se centrará, en particular, en el artículo 69 de la Ley, donde se precisan los aspectos relacionados con la Declaración Responsable y Comunicación. En este sentido, se buscará que las unidades docentes sean las que entreguen un documento suscrito en el que se manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener la acreditación o reacreditación de las unidades docentes troncales.

Sin embargo, el permiso tendrá una duración inicial de un año, período cuando se celebrará una auditoria ministerial que permita la comprobación de que los datos ofrecidos a la Administración son reales. En caso de descubrirse que no hay concordancia entre el documento y la realidad, el Ministerio retirará la acreditación y podrá, de ser necesario, optar por penas contempladas en el código penal, civil o administrativo.

La Ley también advierte que, en caso de falsear la declaración, “la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un período de tiempo determinado por la ley, todo ello conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales de aplicación”.

La iniciativa, que permitiría agilizar el paso de 3.500 unidades docentes a 5.000 unidades docentes troncales en menos de un año, ha generado incertidumbre entre los tutores y jefes de estudios, ya que consideran que ahora la responsabilidad legal cae sobre ellos como personas individuales y no sobre el centro de salud. De ahí, que teman poner su firma en la declaración responsable cuando existan aspectos que no puedan comprobar por ellos mismos y que garanticen que, con la celebración de la auditoria, queden expuestos a posibles sanciones penales, civiles o administrativas.

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