Se retrasa el copago hospitalario hasta 2014

C. C. / G. L. / J. L. / R. M. / M. M. / E. O.
Más que como medida de ahorro, el copago de medicamentos hospitalarios se está revelando para el Gobierno como un nuevo quebradero de cabeza, cuya aplicación se ha tenido que retrasar por la oposición e imposibilidad de llevarla cabo de las comunidades autónomas. Según ha podido saber en exclusiva Redacción Médica por asistentes a la Comisión de Farmacia celebrada este martes, la Dirección General de Farmacia del Ministerio de Sanidad ha dado por buena la propuesta de varias regiones, tras la presión ejercida por las mismas, de que el copago de medicamentos hospitalarios no tenga que comenzar a aplicarse hasta el 1 de enero de 2014. En el lapso de tres meses que hay hasta entonces, algunas comunidades autónomas han pedido que se consensúe una fórmula para llevarlo a cabo, y piden que se cambien algunos de los medicamentos sometidos al citado copago. Estos son algunos de los principales temas tratados, en la vital Comisión de Farmacia celebrada este martes.

El Consejo Interterritorial del SNS y, en el centro, Ana Mato, ministra de Sanidad.

En cambio, desde el Ministerio de Sanidad se asegura que no se ha decidido ningún plazo límite de aplicación, sino que se mantiene la "flexibilidad" de fechas ya anunciada. Es más, fuentes del departamento aseguran que tampoco se habría llegado al acuerdo de consensuar cuestiones como la fórmula de cobro.

Como ya ha venido anunciando este diario a lo largo del martes, ninguna comunidad autónoma ha puesto en marcha la medida este 1 de octubre, tal y como se disponía en la resolución publicada en el BOE, con dos pequeñas excepciones: las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla que sí han empezado a aplicar el copago de medicamentos hospitalarios. La falta de coordinación, de tiempo para decidir cómo se realiza el cobro en los centros y, directamente, la oposición frontal y directa a la medida son las razones que han llevado a esta situación.

Fuentes de las regiones ‘populares’, explican a este periódico que no desean aplicar una medida impopular a sabiendas de que otras comunidades no tienen por qué hacerlo en el mismo tiempo y forma. Por ello, han pedido a Sanidad que replantee y consensúe este copago entre el máximo número de autonomías posibles, una solicitud que ya habían hecho Castilla y León y País Vasco, que si bien se ha mostrado contraria a la medida, según cuentan desde la Consejería de Salud a este diario, también está abierta al diálogo.

Respecto a las fórmulas de cobro, Murcia avanza a Redacción Médica que lo abordará mediante facturas a nombre del paciente. De forma periódica, el ciudadano tendrá que pagar realizando un ingreso en cuenta, algo parecido al pago de impuestos como el de circulación, aunque todavía no se conoce la periodicidad ni si se podrá domiciliar. Se trata de una alternativa a la impopular medida de instalar máquinas registradoras en los hospitales, que todas las autonomías están evitando plantearse. Desde la Región aseguran que lo tienen todo preparado para que, en caso de que nada cambie, se comience a facturar a partir del 1 de noviembre en el Servicio Murciano de Salud (SMS). Los medicamentos adquiridos durante el mes de octubre se cobrarían de forma retroactiva, aseveran, aunque no facilitan la fórmula.

Consultadas por este diario, tampoco ponen en marcha la medida ni Galicia ni Madrid. En este último caso, fuentes de la Consejería de Sanidad indican que están a la espera del resultado de la reunión en la Comisión de Farmacia.

Como ya se sabía, Comunidad Valenciana no la pondrá en marcha hasta tener decidida la fórmula para hacerlo, y de parecida manera refleja su situación Cantabria: sigue buscando las herramientas para el cobro.

Por un copago lo menos perjudicial posible

Por su parte, Castilla-La Mancha no aplicará aún el “copago” de los medicamentos que se dispensan en las farmacias hospitalarias a enfermos graves o crónicos no ingresados. Antes de su puesta en marcha se va a realizar un estudio para que esta medida aprobada por el Gobierno central sea “lo menos perjudicial posible para los pacientes”.  El copago de estos medicamentos, se aplicará en la región, pero “no a corto plazo”.

Desde el Gobierno regional insisten en que “no habrá precipitación” en su puesta en funcionamiento y explican que, además de buscar que la medida sea “lo menos traumática posible” para los pacientes, hay que solventar problemas de índole administrativo como el sistema de control y de facturación de los medicamentos en las farmacias hospitalarias.

Aragón sigue estudiando la medida

Tampoco el Gobierno de Aragón no comenzará a aplicar el cogago a los pacientes graves o crónicos no ingresados por medicamentos dispensados en hospitales “porque carece de herramientas para ello y porque está analizando caso a caso la incidencia que tiene en los pacientes”, informan desde el departamento de Sanidad, que  “está estudiando caso a caso el impacto del copago para los pacientes, de forma que en función de la renta la aportación sea la mínima posible e incluso ninguna si los afectados no pueden asumir el coste y, en ese caso, sería el departamento de Sanidad el que lo asumiría”.

Asimismo,  no se ha establecido un plazo para poner en marcha la medida y no se aplicará hasta que no haya concluido el análisis de la repercusión del copago a los pacientes.

Motivos técnicos

Por otro lado, según fuentes afirman fuentes de Castilla y León, "la Comunidad ha acudido a la Comisión de Farmacia manteniendo la postura contraria al copago hospitalario, ya expresada por el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera". No obstante, aseguran que  se está estudiando cuál sería la mejor manera de aplicar la medida por si, finalmente, el Ministerio de Sanidad decide mantenerla.

Reacción socialista

Ante el primer día 'oficial' de copago, el PSOE no ha permanecido en silencio. La Secretaria de Política Social, Trinidad Jiménez, ha asegurado que la implantación del copago farmacéutico hospitalario es “uno más de los muchos disparates cometidos por los responsables del Ministerio de Sanidad”  y que no tiene “ninguna justificación razonable, porque ni contribuye a racionalizar el consumo de medicamentos, ni sirve como instrumento de financiación adicional”. En su opinión es “un castigo” que el Gobierno impone a los enfermos, obligándolos a sufragar su tratamiento médico.

Jiménez ha destacado la oposición que ha suscitado esta medida tomada unilateralmente por el Gobierno “sin dialogar con nadie, sin escuchar a nadie y sin acordar con nadie”. Para el portavoz de Sanidad socialista en el Congreso, José Martínez Olmos, pueden existir “razones ocultas” que expliquen una medida “tan injusta”. En este sentido, ha apuntado que el copago de la farmacia hospitalaria abre “una nueva vía de gestión” que puede aplicarse a otras copagos ya aprobados pero aún no aplicados en productos sanitarios, transporte no urgente, ortopedias o plantear el copago en los relacionados con la hostelería y alimentación hospitalaria. “No descartamos que el Ministerio de Sanidad tenga previsto hacer pagar a los enfermos por su habitación y su comida”.

En este sentido, el portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Rubén Moreno, ha respondido al PSOE preguntando si en su futura reversión de medidas “también harán pagar los medicamentos a los parados de larga duración. Además, ha subrayado que “el sistema de aportación a la farmacia no afecta a los medicamentos para los pacientes hospitalizados, sino a aquellos que han sido trasladados desde la oficina de farmacia habitual a la oficina de farmacia del hospital”.

Proposición no de ley nacionalista

Mientras, el Grupo Parlamentario Vasco ha presentado una proposición no de Ley relativa al copago hospitalario en el Congreso de los Diputados. En ella se insta al Gobierno de España a dejar sin efecto la resolución por la que se incorpora una medida que consideran “injusta” por afectar a personas con enfermedades crónicas y afectar al principio de equidad, dado que solo se aplica a algunos medicamentos.

El grupo nacionalista ha denunciado que la decisión se ha aprobado y publicado “sin previo aviso a los órganos autonómicos competentes. Asismismo, lo considera una “falta de respeto y consideración” a las competencias autonómicas y asegura que “por sentido de la responsabilidad, no podemos permitir que todo lo conseguido se degrade por medio de decisiones impuestas”.