Las farmacias estarán obligadas a dispensar la píldora del día después

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al anteproyecto de reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que “ensancha” la normativa de 2010. Según el nuevo texto, las mujeres que lo necesiten podrán acceder a la píldora del día después de forma gratuita tanto en centros de salud como en servicios de salud sexual y reproductiva. “La píldora tendrá que estar disponible en todas las farmacias”, ha apuntado la ministra de Igualdad, Irene Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. 

La ministra de Igualdad, que ha mostrado su agradecimiento al Ministerio de Sanidad, con el que lleva trabajando en el nuevo texto desde el pasado mes de enero, ha incidido en que la reforma tiene como objetivo "acabar con los obstáculos que las mujeres siguen encontrando para acceder al aborto y ampliar derechos aún no reconocidos en otros ámbitos", además de "revertir algunos retrocesos" realizados por el Ejecutivo del PP en su reforma de esta norma en 2015.

Por ello, tal y como adelantó Redacción Médica, siempre tendrá que haber profesionales sanitarios disponibles en los hospitales públicos para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Asimismo, según ha explicado Montero, las mujeres podrán abortar en el centro público más cercano a su domicilio. "La red pública será la de referencia. Tenemos que atender las necesidades desde lo público", ha añadido.

Del mismo modo, la norma recoge que quien se declare objetor, será de aplicación en la sanidad pública y privada.

Puntos clave de la reforma del aborto

La nueva norma dicta que las mujeres de 16 a 18 años y las mujeres con discapacidad podrán acceder a la interrupción voluntaria del embarazo sin el permiso de sus tutores legales. "Se elimina el periodo de reflexión de 3 días y la información obligatoria que se entregaba", ha señalado Montero.

Por otro lado, se blinda el acceso al aborto en los centros públicos y se incorpora la provisión de asistencia y acompañamiento integral y especializada en los abortos. Además, también se incorpora una incapacidad temporal tras la interrupción voluntaria del embarazo para que las mujeres se recuperen.

Los abortos serán tratados como procedimiento de urgencia, por lo que cada centro contará tanto con el método quirúrgico como el farmacológico, para que la mujer elija. También se recoge la incapacidad temporal preparto desde la semana 39 de gestación, que no consumirá días de la baja por nacimiento.

Derechos sexuales y menstruales de las mujeres

Por otro lado, la ministra de Igualdad, que ha adelantado que se establecerá un protocolo común de actuaciones en todos los hospitales para garantizar partos respetados, ha destacado las mejoras en relación en el ejercicio de los derechos sexuales de las mujeres. Sobre esta cuestión, ha matizado en la apuesta por la anticoncepción de última generación, la corresponsabilidad y la mayor accesibilidad, así como en el establecimiento de servicios públicos de asistencia integral en el ámbito de la salud sexual y reproductiva.

También se garantiza la educación sexual integral en todos los niveles educativos y se refuerza la formación de los profesionales en materia de interrupción voluntaria del embarazo y salud sexual y reproductiva.

En cuanto a los derechos menstruales, uno de los aspectos más polémicos de la reforma radica en el reconocimiento del derecho a la incapacidad temporal por cuadros médicos que se deriven de reglas incapacitantes. "La regla va dejar de ser un tabú. Regulamos por primera vez una incapacidad temporal pagada íntegramente por el Estado para reglas dolorosas e incapacitantes", ha celebrado Montero, que ha insistido en que España es el primer país en regular este aspecto.

 Asimismo, se incluye por primera vez la salud menstrual como estándar de salud y se establece la distribución gratuita de productos menstruales.

Por último, la reforma de la normativa contempla una ampliación en la protección de los derechos de las mujeres en el ámbito reproductivo. Por ello, se reconoce como violencia la gestación por sustitución, embarazo, esterilización, aborto y anticoncepción forzosa. Además, se prohíbe la publicidad de agencias de intermediación de gestación por sustitución.