Representantes de varias comunidades autónomas de FEFE, con Fernando Redondo, su presidente, en el centro. |
Redacción. Madrid
La Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) agradece los apoyos que la oficina de farmacia está recibiendo por parte de diferentes voces de la sociedad ante la posibilidad de que se liberalice la titularidad de los establecimientos, tan y como indica el anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales redactado por el Ministerio de Economía.
“Ante la iniciativa filtrada desde el Ministerio de Economía de desregularizar el binomio propiedad-titularidad de la oficina de farmacia, innumerables voces se han erigido contrarias a dicha propuesta. Partidos políticos, comunidades autónomas, la Alianza General de pacientes o Instituciones y organismos entre otras han expresado su oposición a que siga adelante”, indica la patronal en un comunicado. Indica que “son diarias las voces que ponen en tela de juicio la viabilidad de esta iniciativa que dejaría en manos de grandes capitales un servicio esencial y de interés público como el farmacéutico, donde la Administración poco o nada podría intervenir en ese libre mercado, y pondría en riesgo el acceso de los pacientes a su medicación, puesto que, debido a intereses comerciales, dejaría de estar garantizada la proximidad y capilaridad así como la accesibilidad al medicamento en todas las farmacias del territorio nacional”.
En los últimos días, otras instituciones se han unido al Manifiesto promovido por FEFE y Fenofar “en su lucha por demostrar los perjuicios que un sistema desregulado ocasionaría sobre los pacientes y la Sanidad española”, como CEPYME, AESEG, COFAM88 (Club de Opinión Farmacéutico Malagueño), CES (Confederación Empresarial Sevillana), CEZ (Confederación Empresarial de Zaragoza), La Cámara de Comercio de Zaragoza, La Cámara de Comercio de Santiago de Compostela, FEDIFAR, FACUA Andalucía, AMAF (Asociación Madrileña de Asesores de Farmacia) y el Centro Canario Nacionalista.
Asimismo, indican que colectivos como la Alianza General de Pacientes, ANEFP, Comunidades Autónomas como Andalucía, Galicia, Extremadura, Aragón, Murcia y Navarra o los principales partidos del arco parlamentario (PP, PSOE, CIU, PNV, IU) junto con el Ministerio de Sanidad ya se han mostrado abiertamente contrarios al cambio de modelo y piden que se reconsidere el planteamiento de una norma que supondría más perjuicios que beneficios para todo el sistema.