![]() Cristina Avendaño, farmacóloga del Hospital Puerta del Hierro, consultora de la EMA y exdirectora de la Aemps. |
Redacción.
Los oncólogos reclaman un acuerdo de mínimos en el acceso a fármacos innovadores contra el cáncer y de ese modo neutralizar el riesgo de inequidades por comunidades autónomas. “El modelo fragmentado en autonomías puede generar desigualdades ante determinadas novedades terapéuticas, incluso dentro de la misma provincia. Por ello sería deseable que se establecieran unos mínimos que fueran comunes para todo el país”, aseguró el doctor Antonio González, director del Servicio de Oncología Médica del centro MD Anderson Cancer Center de Madrid y uno de los especialistas que participaron en las jornadas que bajo la denominación común “Dealing Healtcare and Innovation in Metastatic Breast Cancer HER2 negative” se celebraron esta semana en Madrid, Valencia y Barcelona.
En estas jornadas gestores y médicos especialistas en oncología y en farmacología clínica han analizado el impacto que los nuevos modelos de gestión económica han tenido y tienen sobre la aprobación de innovaciones contra el cáncer de mama. Cada una de ellas se han estructuran en tres ponencias centradas en proporcionar distintos ángulos de la gestión farmacológica del cáncer de mama, abarcando aspectos como el modo en que se aprueban y rechazan los medicamentos en Estados Unidos, los criterios que se siguen en un país de nuestro entorno como Francia o el modelo español fragmentado en comunidades autónomas. “En un momento de crisis económica a nivel mundial, conviene saber cómo están gestionando otros países la autorización de innovaciones oncológicas. Podemos aprender mucho de su visión estratégica para adaptarnos a este nuevo contexto con problemas tan parecidos a los que afrontamos nosotros”, afirma la doctora Ana Lluch, directora del Servicio de Hematología y Oncología Médica del Hospital Clínico Universitario de Valencia.
Para ello se contó con la participación de especialistas nacionales e internacionales como el doctor Gabriel Hortobagyi, que fue presidente de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO) y actualmente dirige el Programa de Investigación de Cáncer de Mama en el Centro Oncológico MD Anderson de la Universidad de Texas en Estados Unidos; o el doctor Xavier Pivot, responsable del grupo de investigación en cáncer de mama del Instituto Nacional del Cáncer en Francia. Los expertos participaron con la idea de convertir estas sesiones en foros en los que exponer y debatir el entorno actual de las relaciones entre la comunidad clínica oncológica, las autoridades regulatorias, las administraciones públicas y la industria farmacéutica. Se trata de una oportunidad para evaluar cómo los actuales mecanismos de gestión-regulación sanitaria pueden acabar comprometiendo la labor científica de las sociedades médicas así como el acceso a los fármacos innovadores.
Esta iniciativa ha sido organizada por la Universidad Católica de Valencia (UCV) y Medica Scientia Innovation Research (MedSIR ARO) y forma parte de un programa de actividades educacionales dirigidas a crear espacios comunes entre los diferentes profesionales implicados en las tomas de decisiones. Cuentan con el reconocimiento de interés sanitario de la Consellería de Sanitat de la Generalitat Valenciana y el aval de las sociedades científicas SEOM (Sociedad Española de Oncología Médica) y SVFH (Sociedad Valenciana de Farmacia Hospitalaria) así como de los grupos cooperativos de investigación en cáncer de mama GEICAM y SOLTI y el patrocinio de Roche.
Sobre el papel actual de las sociedades científicas, el doctor Agustí Barnadas, director de Servicio de Oncología Médica del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, opinó que “han perdido peso en algo fundamental: introducir el juicio clínico a la hora de valorar el beneficio que aporta una terapia innovadora. Antes de dar prioridad al criterio económico en un momento de crisis, en España se debería afrontar un problema de base: no ha habido un debate de todos los agentes para, por un lado, determinar lo que entendemos por magnitud de beneficio considerado clínicamente relevante y, por otro, acabar de formalizar cuánto dinero estamos dispuestos a pagar por ese margen de beneficio conseguido”.
La doctora Lluch comentó que la preocupación de sociedades científicas como SEOM o grupos de investigación como Geimcam o SOLTI por estos temas es patente desde hace tiempo. “Es preciso que las estrategias se lleven a cabo de forma coordinada y no de forma aislada desde los servicios de oncología”, añade.
La jefa del Servicio de Farmacología Clínica del Hospital Puerta de Hierro y experta de la EMA, la doctora Cristina Avendaño, aseguró que el “conocimiento del oncólogo” debe ser la pieza fundamental en cualquier procedimiento de selección y acceso. “Los recursos son siempre limitados y estamos obligados a seleccionar el mejor uso de aquello que tenemos y hacerlo en términos de resultados en salud y también desde un punto de vista social; esto no es lo mismo que simplemente frenar el gasto o ahorrar a corto plazo. Para juzgar seriamente el valor del medicamento, junto con la evaluación de las agencias reguladoras de medicamentos y los análisis farmacoeconómicos, es esencial el criterio y participación tanto de los oncólogos como de los pacientes”.
Por su parte, el doctor González sostuvo que es “incuestionable que en el periodo de crisis actual el criterio de gestión predominante en oncología es el economicista”. “Al menos”, aclaró, “así lo percibimos los clínicos. Existe además una dificultad añadida, que es la ausencia de buenos estudios farmacoeconómicos que sitúen la innovación en el lugar que realmente le corresponde, más allá del precio del medicamento. Los oncólogos que vemos cada día al paciente tenemos la responsabilidad de hacer una valoración desde el punto de vista científico y clínico”.
¿Acuerdos puntuales?
Para el doctor González la gestión moderna en Oncología requiere la participación de todos los actores en la medida en que se tiende a una medicina cada vez más personalizada. “Tendremos que abordar el tratamiento en subgrupos de pacientes cada vez más definidos, con unas necesidades de acceso a nuevos fármacos que, por otra parte, son costosos. De hecho, es deseable que desde los servicios de oncología se alcancen acuerdos o consensos puntuales con los gestores para facilitar el acceso a ‘determinados’ tratamientos para ‘determinados’ pacientes”.
La doctora Avendaño cree igualmente que es preciso seguir trabajando en la identificación de los mejores medicamentos para cada paciente en función de características y marcadores disponibles. “Es posible que sabiendo la diferente respuesta a un fármaco nos lleve a priorizar el acceso en grupos de pacientes candidatos a un mayor beneficio, pero creo que si se adoptan decisiones restrictivas influidas por el coste no debe ser a nivel de los Servicios de Oncología, sino a nivel más general y bajo la asunción de responsabilidad de las autoridades competentes. El oncólogo debe poder discutir con el paciente todas las alternativas existentes y lo esperado con ellas, así como la situación de acceso a las mismas que se haya decidido para el sistema nacional de salud. Acceso que debería ser homogéneo y equitativo a lo largo de todo el Estado”.
Sobre este asunto, el doctor Barnadas ha advertido de que en algunas instituciones si bien cabe contemplar acuerdos o consensos puntuales, “también puede generar situaciones de inequidad si comparamos unos hospitales con otros. Teniendo en cuenta que las competencias están trasferidas, la mejor alternativa sería llegar a un acuerdo a nivel de cada comunidad autónoma pero con un criterio consensuado y común para todo el país. Ya desde la SEOM se ha elaborado un informe que pone de relieve casos de inequidad de acceso a medicamentos a nivel autonómico”.