Jesús Aguilar, presidente del Cgcof.
El
Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (Cgcof) ha “valorado positivamente” el nuevo decreto del Gobierno sobre los márgenes y deducciones de las boticas, en especial las del medio rural, aunque reclama medidas más "ambiciosas" para que estas puedan hacer frente a su situación de
"vulnerabilidad económica".
En un comunicado, la organización que preside
Jesús Aguilar se ha referido al real decreto mediante que el que se modifican los
descuentos correspondientes a la distribución y la dispensación de medicamentos, que fue publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la semana pasada y que aplicará un índice corrector a estas boticas con un importe máximo de 976,16 euros mensuales.
Al respecto, el Cgcof ha destacado que “valora positivamente las consideraciones incluidas en este proyecto normativo”, sobre todo por su “especial trascendencia de las farmacias que atienden a la población de
zonas deprimidas”.
“A falta de realizar un estudio del impacto económico sobre el alcance de las modificaciones, se comparte el reconocimiento de estas farmacias como el
primer eslabón de la cadena sanitaria y -en muchas ocasiones- el único agente sanitario al que tiene acceso permanente la población rural. Además, constituyen un elemento de cohesión social y de desarrollo, actuando como factor de arraigo y fijando población, lo cual tiene un impacto marcadamente positivo de cara a afrontar el reto demográfico”, destaca.
Vulnerabilidad de la farmacia rural
Sin embargo, la organización considera que estas medidas para salvaguardar este tipo de farmacias “solo son un primer paso”. “Es preciso que se completen con otro tipo de iniciativas que atiendan a su situación de vulnerabilidad económica y profesional derivada del aislamiento y despoblación del área donde radican, de la obligación de prestar un servicio permanente con un
elevado número de guardias, o la dificultad para ampliar los servicios asistenciales o
incorporar nuevas tecnologías”, recalca.
Entre las propuestas para garantizar la viabilidad y sostenibilidad de un modelo de farmacia considerado como uno de los mejores y más eficientes del mundo, el Consejo General considera que el índice corrector “se siga aplicando a todas las farmacias que actualmente se benefician de ello,
sin distinción de su ubicación”. “Todo ello, con el fin de no afectar la atención que se presta a los colectivos vulnerables, evitando que esta dependa de su código postal”, apunta.
Del mismo modo, el Cgcof plantea a las administraciones “un
ambicioso conjunto de actuaciones para fortalecer la atención sanitaria y social que desarrolla toda la red de farmacias”, especialmente desde el ámbito rural. Entre ellas, destacan:
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La aplicación de inventivos fiscales.
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La remuneración de los servicios de urgencia.
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La concertación de los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales (SPFA) en beneficio de la población a la que atienden, y entre los que se incluyen programas de adherencia, seguimiento y cronicidad; sistemas personalizados de dosificación; conciliación de la medicación al alta hospitalaria; y, por supuesto, la participación en programas y actividades de salud pública, prevención, cribado y detección precoz de enfermedades.
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El desarrollo de actuaciones en el ámbito de los servicios sociales, impulsando su colaboración en detección de personas en riesgo de vulnerabilidad y atención social; la asistencia a drogodependientes; la detección de situaciones de abandono o soledad de personas mayores; o la ayuda a mujeres víctimas de violencia de género y/o violencia sexual.
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La inclusión de las farmacias en los diferentes instrumentos de apoyo al ámbito rural, en especial a los fondos destinados a proyectos de innovación tecnológica, facilitando que la población rural acceda a estos servicios en las mismas condiciones de igualdad y equidad que la población urbana.
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