Cataluña informa a las farmacias de que no puede pagar la factura de julio

Jordi de Dalmases, presidente de los farmacéuticos catalanes, y Boi Ruiz, consejero de Salud de Cataluña.

Redacción. Barcelona
La Generalitat ha avanzado a los farmacéuticos que no podrá pagar la factura de los medicamentos dispensados el mes de julio, que asciende a 119,7 millones de euros, y que estaba previsto cobrar a finales de este mes de septiembre con 25 días de retraso respecto a la fecha de factura y una media de dos meses desde que los dispensaron.

Tanto desde el Consejo de Farmacéuticos de Cataluña como desde la empresarial Fefac se están valorando las medidas a tomar mientras esperan más información de Economía, dado que desde la Consejería de Salud no les han podido facilitar más argumentos que el de que la factura no se ha podido incluir en los mecanismos de pago del Fondo de Liquidez Autonómica. “Todo ello, a pesar de que la factura del mes de julio, que es la que tendrían que cobrar en septiembre, los farmacéuticos accedieron a cerrar 12 horas antes la facturación para que una cifra más baja garantizara a la Administración poderla incluir en estos mecanismos”, aseguran ambas organizaciones en un comunicado.

Además, los farmacéuticos catalanes denuncian que “desde 2011 están sufriendo irregularidades en el pago y llegaron a soportar hasta 4 meses de deuda en noviembre de 2013. Después de aquel episodio, la Administración catalana se comprometió por escrito a abonar, aunque con retraso, una factura cada mes y a intentar saldar la deuda durante el 2014. Hasta ahora se había cumplido el compromiso. Si el día 30 se confirma el impago anunciado, se habrá vulnerado este compromiso y se volverá a cobrar con un retraso de 55 días”.

Tanto los colegios profesionales como Fefac coinciden en que es “inadmisible que la Administración vuelva a recorrer a los impagos para financiarse. En el caso de los proveedores sanitarios poniendo en riesgo, además, la calidad de los servicios que pueden ofrecer, cuando la salud tendría que ser un tema prioritario”. De hecho, defienden que esta cuestión sea motivo de debate en el Parlament, “ya que afecta no sólo a los profesionales sanitarios sino al conjunto de ciudadanos y a la gestión de los recursos disponibles”.