SEFH y OMC se unen para exigir servicios de Farmacia en las cárceles

Que la sanidad penitenciaria se integre dentro del SNS y la prestación farmacéutica en las instituciones cumpla la legalidad vigente. Es el objetivo que se marcan las sociedades de Farmacia Hospitalaria (SEFH) y Sanidad Penitenciaria (SESP) junto a la Organización Médica Colegial (OMC) tras una reunión de trabajo que abre la puerta a acciones conjuntas para lograrlo.

Las corporaciones se plantean actuar tanto en el frente jurídico como en el político, llevando sus demandas a los diferentes grupos parlamentarios para que las traten en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados.

Reclamarán un modelo de organización que cumpla con la legalidad vigente, que obliga a los centros penitenciarios a disponer de un servicio de Farmacia o un depósito de medicamentos legalmente autorizado y dirigido, en el caso del servicio de Farmacia, por un facultativo especialista.

Según la SEFH, hay alrededor de 40 centros penitenciarios que no tienen legalizada ninguna de las dos figuras. Esta sociedad apoya el modelo aprobado en el País Vasco, en el que se ha realizado la transferencia completa de competencias en materia de sanidad penitenciaria, integrándola en la autonómica y facilitando la continuidad asistencial de los internos.

Irregularidades en la prestación farmacéutica

La posición de los farmacéuticos se basa en que la prestación en dichos centros incluye especialidades de uso hospitalario –especialmente antivirales para el tratamiento del VIH o la hepatitis C–, medicamentos sujetos a especial control médico, de diagnóstico hospitalario, antipsicóticos, psicotrópicos y estupefacientes.

Según Carmen Hoyos, coordinadora de sanidad penitenciaria de la OMC, “las irregularidades en la prestación farmacéutica en los centros penitenciarios es algo que se viene arrastrando desde siempre y que ha sido desoído por la Administración Penitenciaria”. La integración dentro del SNS implicaría la aplicación de las normas comunitarias en materia de Farmacia en estos centros, como un dispositivo más de salud y “acabaría con las graves irregularidades que se dan en la actualidad”.

Recientemente se han comenzado a dar los pasos para esta integración por parte del Poder Legislativo. Un texto aprobado en el Congreso el pasado diciembre instó al Gobierno a "culminar el proceso de transferencia de la sanidad penitenciaria de manera inmediata", e incluía dotar de la correspondiente asignación financiera a las comunidades autónomas por el coste real de la asistencia sanitaria a reclusos.