El plagio en Medicina será motivo de expulsión de la universidad

El nuevo proyecto de Ley de Convivencia Universitaria contempla la posible expulsión de aquellos estudiantes de Medicina que cometan “fraude académico” durante los exámenes. O lo que es lo mismo, aquellos que copien, ya sea a través de “chuletas” o con ayuda de terceros. Así ha quedado reflejado en el texto aprobado este martes por el Consejo de Ministros, que ratifica como “falta grave” este tipo de comportamientos.

En concreto, la ley, destinada a sustituir el reglamento vigente desde el año 1954, define como fraude académico “cualquier comportamiento premeditado tendente a falsear los resultados de un examen o trabajo propio o ajeno” realizados “como requisito para superar una asignatura o acreditar el rendimiento académico.

Este supuesto se considerará “falta grave”, y estará castigado con la “expulsión de hasta un mes de la universidad”. Dicho castigo no se podrá aplicar durante los periodos de evaluación y de matriculación según hayan sido definidos por cada universidad, matiza el documento. Además, se prevé la “pérdida de derechos de matrícula o pérdida del derecho a la convocatoria ordinaria durante el curso o semestre académico en el que se comete la falta”.

Paralelamente, la nueva norma contempla como “falta muy grave” el plagio en los trabajos de fin de grado, máster o tesis doctoral, lo que conllevará la expulsión de dos meses hasta tres años del centro, así como la pérdida de derechos de matrícula parcial durante un curso o semestre académico.

Castigo a las novatadas y al acoso

El mismo castigo recibirán aquellos que cometan novatadas, o bien sean autores de acoso sexual, discriminación, racismo o xenofobia.

La falsificación documental, el incumplimiento de las normas de salud pública, la suplantación a un miembro de la comunidad universitaria, o impedir el correcto desarrollo de los procesos electorales de la universidad, también son consideradas faltas muy graves, según el documento.

Lo dispuesto por la Ley será de aplicación a las universidades públicas del sistema universitario español (y los centros públicos adscritos), pero también a las privadas y sus centros privados adscritos. En su caso, tendrán que desarrollar sus Normas de Convivencia con base en los principios contenidos en la Ley.