Una ley sobre fármacos peligrosos significa "tranquilidad" para Enfermería

¿Qué formación es necesaria para manejarlos? ¿Quién debe regularlo? ¿Se cumplen los protocolos? Son muchas las preguntas sobre el manejo de medicamentos peligrosos que todavía siguen sin respuesta en pleno 2017. En los últimos meses se ha visto cómo el personal de Enfermería sigue sin contar con los medios ni la preparación suficiente para manipular fármacos biopeligrosos sin riesgo. 

Para aclarar si los profesionales de Enfermería están bien formados para lidiar con fármacos peligrosos y si la normativa actual es suficiente, Máximo González Jurado, presidente del Consejo General de Enfermería (CGE), concede esta entrevista a Redacción Médica durante un descanso del recién celebrado Congreso Internacional de Enfermería en Barcelona.

¿Están las enfermeras bien preparadas para manejar medicamentos peligrosos?

Yo creo que no, precisamente estamos en un programa europeo para tratar de concienciar a la Comisión Europea de que es necesario que se haga una estrategia del tratamiento de medicamentos peligrosos por parte de las enfermeras desde el punto de vista de la protección de la enfermera. Hemos tenido recientemente una reunión en Bruselas en la que se ha creado un grupo de trabajo en el que está integrado el CGE de España para hacer unas recomendaciones a la comisión para que esta pueda establecer, sino una directiva que sería lo ideal, pero al menos que demos los pasos para que haya una armonización en cuanto a tratamiento de este tipo de medicamentos que tienen alto riesgo.

En España sí que existen guías y protocolos, pero se producen situaciones de riesgo con bastante frecuencia

No hay una normativa específica que lo regule, aunque tendría que haberla. Existen iniciativas y buenas guías, pero sucede igual que pasó en su día con el pinchazo accidental. De hecho, en el pinchazo accidental tenemos una directiva europea que promovimos nosotros y que ni siquiera se ha desarrollado en España, aunque es uno de los países más avanzados en materia de bioseguridad. La primera iniciativa sobre bioseguridad la regulamos nosotros en la Comunidad de Madrid y en cinco comunidades más hasta que lleguemos a la directiva. No es fácil ir introduciendo elementos de seguridad porque, además, la ley de protección de riesgos laborales establece los requisitos. El problema es uniformar a todo el sistema de salud.

"Tiene que haber una norma de biopeligrosos aceptada por el Consejo Interterritorial"

¿Tiene que bajar al terreno de las comunidades autónomos e incluso a los hospitales?

Tiene que haber una norma que sea aceptada en el Consejo Interterritorial y tienen que establecerse comités de vigilancia. Nosotros hemos puesto en marcha el programa centinela en el que tenemos 100 enfermeras centinelas que son delegadas de salud en los hospitales seleccionados en toda España. Hemos creado un software para ir viendo lo que está pasando y, en base a eso, hacer recomendaciones no solamente a las enfermeras, sino también a las autoridades. Hay que establecer medidas e implementarlas.

¿Considera que las enfermeras, los gerentes e incluso los consejeros son conscientes de los riesgos?

No. Si fuesen conscientes, serían irresponsables si no lo hicieran. No hay suficiente conocimiento. Por eso decía que tenemos que analizar nosotros la situación para poder informar y provocar que se tomen las medidas adecuadas. No creo que ningún gerente quiera que haya un riesgo en el uso de un medicamento peligroso que pueda suponer un problema para un profesional. Son tantas y tantas cosas las que hay, que a veces no se les presta la atención adecuada. El consejero está en un nivel en el que tiene difícil conocer todo lo que sucede en el sistema. Ese es nuestro papel: una vez que tenemos los datos, tenemos que ofrecerlos a las autoridades sanitarias y pedirles que tomen las medidas.

¿Cuál tiene que ser el papel de la industria?

La industria está colaborando en este aspecto. El problema es que no es la que regula. Nos da mucha información, no solo a nivel nacional, sino de lo que se está haciendo a nivel internacional y cómo se está regulando en otros países. De hecho, en esta reunión que se hizo recientemente en Bruselas participó también la industria. Hay que tener en cuenta que los lobbies en Europa están establecidos formalmente, no como en España. Por eso las reuniones se hacen conjuntamente, que es lo razonable.

La propia ley dice que, de no poder sustituirse el medicamento peligroso, el empresario tiene que garantizar que se utilice un sistema cerrado, pero no se define lo que es un sistema cerrado.

Ese es el problema. La norma general sí establece medidas de protección, pero faltan reglamentos que desarrollen qué medidas concretas hay que tomar. Pasa lo mismo con las agujas retráctiles, que dicen las normas que deben ser un dispositivo seguro. ¿Qué es un dispositivo seguro? Ahora hay que entrar a definirlo. Al definir el dispositivo seguro entran elementos económicos en juego. Ya pueden ser de bajo coste y a los que se les puede poner el sello, pero que no reúnen los requisitos porque nadie ha definido con claridad cuáles son los requisitos que definen el dispositivo seguro.

Si se definen, a la hora de comprarlo, o usted presenta el certificado de que reúne todas las características o no lo puede vender. Si eso no está bien regulado, a la hora de sacar un concurso para comprar se puede comprar una cosa que es más barata, con una marca de dispositivo seguro, pero que no cumpla todas las garantías. No solamente es el marco general que hay que definir y regular bien, sino que hay que regular muy bien lo que es el desarrollo.

¿Esta legislación podría contribuir a reducir las diferencias entre comunidades?

Eso es un verdadero problema. Hace un rato decía el director general del Consejo de Enfermería de EEUU que como allí legislan los estados puede ser bueno porque así, si uno toma una iniciativa que es buena, los demás lo pueden copiar. O no. Esto lo vemos en esto y en otra multitud de cosas. Por qué en una comunidad se recetan unos medicamentos y otros, no. A mí lo que me generaría tranquilidad es que hubiera una regulación estatal dictada por el ministerio de Empleo, que sea validad por el Consejo Interterritorial y que tiene que ser de obligado cumplimiento porque, si no, nadie asegura que se vaya a hacer. Después, la libertad de compra corresponde a cada empresa, llámese hospital o servicio de salud, pero que los requisitos generales queden bien pactados entre todas las partes es lo que nos interesa a nosotros.