Manuel Cascos.
E
l Sindicato de Enfermería, Satse, ha pedido al Gobierno acordar "ya" el traspaso de la sanidad penitenciaria con las comunidades autónomas, ya que, tras la respuesta a su favor del Defensor del Pueblo, señalan que las administraciones siguen
echando "balones fuera" para justificar su "claro desinterés por mejorar la atención sanitaria que se presta en los centros penitenciarios.
En concreto, explican, que "
han sido las autonomías de Navarra, Castilla y León, Murcia, Baleares, Canarias Andalucía, Asturias y Aragón las que han facilitado información hasta la fecha de la que se puede concluir que ninguna administración quiere responsabilizarse de la falta del acuerdo que permitiría el traspaso de la sanidad penitenciaria al conjunto de autonomías", y que, salvo en el caso de País Vasco y Cataluña, llevan muchos años pendiente de formalizarse.
Ante esta realidad, y una vez superado el estado de emergencia motivado por la expansión de la Covid-19 en nuestro país, Satse reclama que se impulsen las negociaciones necesarias para que se produzca el traspaso en lo que queda de legislatura, algo que ya hizo en
fechas recientes su presidente, Manuel Cascos, durante su comparecencia en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica de nuestro país.
Responsabilidades que no corresponden a la Enfermería
Una vez efectuadas las competencias, deben ser considerados personal estatutario "con su correspondiente equiparación salarial"
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Satse reitera que los profesionales de Enfermería que trabajan en los centros penitenciarios en España sufren numerosos problemas y deficiencias que repercuten en sus condiciones laborales y en la calidad de la asistencia sanitaria que prestan, como el grave déficit de personal existente que les obliga a asumir responsabilidades y funciones que no les corresponden. Además, n
o tienen las mismas condiciones laborales que compañeros dependientes de los servicios autonómicos de salud.
Asimismo, el sindicato recuerda que son profesionales sanitarios cuyo trabajo se desarrolla en un
entorno laboral que reúne especiales condiciones de peligrosidad y penosidad, al atender y cuidar a un importante número de personas con problemas derivados del consumo de sustancias estupefacientes, enfermos mentales o pacientes que padecen enfermedades infectocontagiosas, entre otros ejemplos.
Por ello, Satse defiende que, una vez sean transferidos a las comunidades autónomas, se conviertan en
personal estatutario del servicio de salud correspondiente, con la consiguiente equiparación salarial y laboral.
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