Florentino Pérez Raya, presidente del CGE, y Manuel Cascos, presidente de Satse.
29 dic. 2020 12:30H
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La Mesa de la Profesión Enfermera, integrada por el Consejo General de Enfermería (CGE) y el Sindicato de Enfermeria, Satse, ha exigido públicamente al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, que cese inmediatamente en su hostigamiento permanente al Ministerio de Sanidad para que acceda a la realización de test Covid-19 en las oficinas privadas de farmacia.
Según apuntan desde la Mesa, las oficinas no están autorizadas legalmente ni tienen garantías sanitarias y tampoco sus trabajadores están habilitados para ello. Además, señalan que existen múltiples problemas de seguridad para los ciudadanos y los propios trabajadores de las farmacias, riesgos de contagio y propagación del virus, así como un claro incumplimiento de múltiples normativas, incluida la relativa a la protección de datos de los ciudadanos.
Para Satse y GGE, el consejero de Sanidad está manifestando un comportamiento de persistencia obsesiva e interés desmedido para que las farmacias realicen test de detección del Covid-19. "Algo absolutamente cuestionado y rechazado por todo tipo de organizaciones científicas y profesionales, y, con ello, incrementar sustancialmente el negocio de las empresas privadas de farmacias. Lo quiere a toda costa y en contra de los criterios solventes y cualificados de las organizaciones referidas anteriormente, incluidas asociaciones e instituciones autorizadas en materia de salud pública”, apuntan.
Ambas organizaciones se preguntan si en este obsesivo interés no tendrá algo que ver el hecho de que algún miembro del Colegio de Farmacéuticos de Madrid, con alta responsabilidad actualmente en el mismo, estuviese hasta no hace mucho como alto cargo en la Consejería de Sanidad madrileña.
Centrarse en los problemas de la sanidad madrileña
Para la Mesa de la Profesión Enfermera, Escudero debería dedicar toda su energía a resolver los múltiples problemas que sufre desde hace tiempo la sanidad madrileña en lugar de favorecer espacios de negocio a las farmacias privadas con la realización de los test del Covid-19.
Al respecto, las organizaciones representantes de la Enfermería señalan que la Comunidad de Madrid tiene una lista de espera de más de 60.000 pacientes esperando para ser intervenidos o más de 138.000 personas para ser vistos en consultas externas, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad.
Asimismo, Madrid es la comunidad autónoma española que menos dinero gasta por habitante en su sanidad pública, en concreto, un 3,6 por ciento sobre su Producto Interior Bruto (PIB), lo que supone 1.274 euros por habitante, mientras que la media española es de 5,9 por ciento, o lo que es lo mismo, 1.416 euros por habitante, según los últimos datos también aportados por el Ministerio de Sanidad.
De otro lado, el número de enfermeras y enfermeros en la sanidad pública es de solo 4,2 por 1.000 habitantes en la comunidad autónoma, una ratio muy alejada de la media europea, que es de casi nueve enfermeras y enfermeros por 1.000 habitantes.
Tampoco el número de camas existentes en los hospitales de la Comunidad de Madrid representa un ejemplo a imitar, pues se encuentra también a la cola de España, con 1,9 camas por 1.000 habitantes cuando la media es de 2,4 y hay autonomías con más de tres camas por mil habitantes, según datos del Ministerio de Sanidad. En lo que respecta a las camas en las UCIs, Madrid tiene 1,7 camas por 1.000 habitantes, también por debajo de muchas otras autonomías que tienen más de dos camas por 1.000 habitantes.
“Esos son los verdaderos problemas a los que el consejero debería dedicar toda su energía y dedicación en lugar de trabajar con tanto ahínco y persistencia para que las farmacias de Madrid mejoren su cuenta de resultados con la realización de test Covid-19”, añaden.
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