El modelo que inspira la ley de ratio enfermera incluye profesionales de FP

La Ley de Seguridad del Paciente, que acaba de lanzarse de lleno a su desarrollo parlamentario, tiene como reflejo la ratio enfermero-paciente de algunos países occidentales. Irlanda, Alemania, Noruega o Islandia son territorios en los que el sindicato enfermero Satse, impulsor de la norma, se mira a hora de configurar la nueva norma. Sin embargo, algunos de ellos cuentan en esta ratio no solo a los titulados enfermeros universitarios, sino también aquellos que cuentan con una Formación Profesional (FP).

Todo ello en un contexto donde toda la profesión enfermera española se ha mostrado totalmente en contra del impulso por parte del Gobierno de un nuevo título de FP que trató de incorporar labores sanitarias, y que el Supremo acaba de tumbar por invasión competencial.

Entre los países que suman titulados no universitarios a su ratio está Alemania. Según confirman fuentes del Ministerio de Sanidad alemán a Redacción Médica, todos los empleados asignados al área de servicios de enfermería se incluyeron en sus datos de ratio paciente-enfermero. “Esto incluye enfermeros, auxiliares de enfermería y otras personas de Enfermería con y sin exámenes estatales”, indican desde el departamento.

Es también la situación de Irlanda. Desde su departamento de Sanidad explican a este periódico que su ratio, si se habla de enfermeras de atención médica y quirúrgica es en un 80 por ciento enfermeras con titulación universitaria y en un 20 por ciento auxiliares sanitarios. Al hablar de enfermeras ubicadas en Urgencias, la ratio se modifica a un 85 por ciento graduadas y un 20 por ciento auxiliares.

Dos países con datos universitarios "exclusivos"

Tanto Noruega como Islandia sí calculan su ratio en base, únicamente, a las enfermeras que cuentan con título universitario. En el caso de Noruega, confirman desde su Ministerio de Sanidad que los datos comunicados por el país a estadísticas generales como Eurostat solo incluyen a los enfermeros que tengan formación universitaria. Si hablamos de Islandia, desde Sanidad comentan que, aunque recogen en sus cifras tanto el número de enfermeros profesionales, como de enfermeros auxiliares, las cifras correspondientes a ambas profesiones se facilitan a la estadística por separado. “También se publican por separado a nivel nacional”, indican.

La Ley de Seguridad del Paciente, desbloqueada por la Mesa del Congreso de los Diputados el pasado mes de marzo tras dos años de negociaciones, ha comenzado su camino parlamentario con dos grandes dudas para el sector sanitario. Partidos políticos, sociedades científicas y otros actores de la salud han señalado la falta de memoria económica y la poca concreción para adecuar la ratio a cada territorio y nivel asistencial, como aspectos a resolver en pro del desarrollo de la ley.

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La Enfermería española acaba de ganar en el Supremo la batalla contra un título de FP que pretendía tener competencias sanitarias

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El objetivo que tiene la norma, impulsada por Satse a través de una iniciativa legislativa popular, y que recibe el apoyo de los ‘pesos pesados’ de Enfermería, es aumentar el número de enfermeras por paciente, para evitar riesgos, complicaciones y efectos adversos para los pacientes.

Dos 'puntos flacos' de la norma

La falta de memoria económica es una de las mayores preocupaciones para una norma que exige la contratación de profesionales enfermeros. “Los trabajos que realicemos ahora mismo de manera interna son esenciales, pues de nada sirve legislar que hay que incorporar más enfermeras si no sabemos cómo hacerlo”, aseguró a este medio Elvira Velasco, portavoz sanitaria en el Congreso del Partido Popular.

Los grupos parlamentarios discrepan de otros varios puntos de la norma. Por ejemplo, fuentes del PSOE explican que se debería ampliar a otras profesiones sanitarias. Ciudadanos apunta a moratorias para el sector privado. Y el PNV o ERC recuerdan que la contratación de profesionales es una competencia autonómica, mostrándose en contra de un ratio unificado para toda España que no tenga en cuenta las particularidades y necesidades de cada territorio.

La adecuación de la ratio por cada comunidad autónoma y nivel asistencial es otra de las dudas que deja la ley. Aunque el proyecto presentado ya tiene en cuenta adaptar el número de enfermeras a cada nivel asistencial, éste pretende ser unificado para todo el país y voces de la sanidad han explicado los riesgos que esto conlleva.

Este periódico se ha puesto en contacto con el sindicato Satse para conocer su posición respecto a estos datos de ratio sin que, a cierre de edición de esta información, se haya recibido respuesta.