Pilar Alegría, ministra de Educación y Formación Profesional.
El
Ministerio de Educación y Formación Profesional, que está impulsando la creación del título de
Técnico Superior en Gestión de servicios en centros gerontológicos, no intervendrá en la
invasión de competencias que esta formación u otras ya activas puedan generar a
Enfermería.
Así se deduce de la respuesta que dicho ministerio ha trasladado a
Redacción Médica como respuesta a la
carta que la Mesa Enfermera envió a la institución que dirige Pilar Alegría. Dicha misiva reclamaba a Educación
“su intervención toda vez que se pretende generar una nueva figura profesional que no tiene ningún sustento formativo en el área de la Formación Profesional y que genera
confusión e inseguridad en la atención de estos centros sociosanitarios”.
Según fuentes ministeriales, “el Ministerio de Educación y Formación Profesional, desde su competencia en el diseño de la formación,
no interviene en absoluto en la regulación de las profesiones”. “En este sentido, cualquier cuestión vinculada a procedimientos en el ámbito laboral
queda fuera de las competencias de este ministerio", concluyen.
La citada carta de la Mesa Enfermera llegó al Ministerio de Educación y Formación Profesional el pasado mes de agosto, cuando dicha institución
denunció públicamente a la empresa de residencias y centros sociosanitarios DomusVi por crear un Plan de Contingencia que, a juicio de los profesionales enfermeros, podía poner
“en riesgo la salud y seguridad de las personas mayores y otros colectivos especialmente vulnerables al querer que
personal no enfermero realice funciones y labores asistenciales y de cuidados para los que no están cualificados ni habilitados legalmente”.
Nueva FP sociosanitaria: ¿técnicos con competencias asistenciales?
La presunta intención del citado grupo empresarial era
colocar a “personal técnico” a realizar “curas, toma de constantes, administración de distinto tipo de medicación y de enemas de limpieza o la administración de pautas de nutrición enteral utilizando bomba de infusión, entre otras”. Tareas que
“no pueden ser delegadas, en modo alguno, en personal que no cuente con la habilitación, competencia y formación legal necesaria”, según la Mesa Enfermera.
“Se trata de una ilegalidad que, incluso, podría llegar a alcanzar trascendencia penal, en tanto que conforme el
Código Penal se castiga la realización de actos propios de una profesión sin poseer la titulación, capacitación y/o habilitación legal necesaria para ello, al encontrarnos ante un presunto delito de intrusismo profesional, que incluso, en el presente caso,
podría considerarse propiciado y alentado por la propia empresa”, añadían desde la Mesa en un comunicado remitido a los medios de comunicación.
Una respuesta, la del Ministerio de Educación y Formación Profesional, que llega mientras el Gobierno
ultima el Real Decreto que dará luz verde a la mencionada nueva Formación Profesional sociosanitaria. Un título que el propio Ejecutivo ha desligado de competencias sanitarias, si bien en lo que se conoce de su redactado atribuye a estos futuros profesionales
acciones de “primeros auxilios básicos y elementales” ante una situación de emergencia.
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