El CGE admite que el Colegio de Pontevedra debe cuotas desde hace 18 años

Ante la detención, el pasado viernes, 12 de marzo, del presidente del Colegio Oficial de Enfermería de Pontevedra, Carlos Fernández Gómez, y dos familiares cercanos, el Consejo General de Enfermería ha querido trasladar varias consideraciones.

En primer lugar, el Consejo de Enfermería ha lamentado "profundamente la situación", así como el hecho de que, la profesión enfermera -un colegio profesional en este caso- tenga que verse relacionada con las informaciones publicadas en los medios por unos supuestos hechos de naturaleza delictiva.

Respetando la presunción de inocencia de las personas detenidas, así como el trabajo de las Fuerzas del Orden y los Juzgados y Tribunales, el Consejo General de Enfermería se ha puesto a disposición de los responsables de la investigación y la Justicia para colaborar en todo lo que sea preciso y devolver la normalidad al Colegio de Enfermería de Pontevedra cuanto antes.

Tal y como se ha publicado en los medios, el órgano ha confirmado que existe un importante litigio entre el colegio de Pontevedra y el Consejo General de Enfermería desde hace décadas. Según reza el comunicado del CGE, la Justicia reconoce que el colegio presidido por Carlos Fernández tiene una deuda pendiente desde 2003, hace 18 años, pues, explican, se había negado a abonar al Consejo General la parte obligatoria de la cuota de cada colegiado que le corresponde a la organización nacional para cumplir sus fines de defensa de la profesión.

De esta manera, el colegio de Pontevedra acumula dos condenas por una deuda al Consejo General de Enfermería de más de 6 millones de euros:

• La sentencia más reciente fue dictada el pasado mes de enero por el Juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de Pontevedra y condenaba al Colegio al pago de 1,5 millones de deuda acumulada con el Consejo General.
• A esta condena hay que sumarle una sentencia de 2014 que condenaba al colegio al abono de 4,5 millones de euros.

En este sentido, el Consejo General está pendiente de que el órgano judicial determine si designa o no un administrador judicial con el que tratar la situación del colegio derivada de la deuda acumulada, para buscar soluciones que permitan garantizar la estabilidad futura del colegio en materia económica.