Nueva fórmula para que el médico jubilado cobre también por pasar consulta

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha publicado un nuevo informe con los pasos que debe dar España para adaptarse a los retos de futuro en el mercado de trabajo. Los expertos han planteado la necesidad de incorporar más cambios en el modelo de la jubilación para garantizar su viabilidad en un momento marcado por el envejecimiento. Una de las fórmulas propuestas pasa por compatibilizar el cobro de la pensión con otras rentas de trabajo por cuenta ajena o como autónomo sin límites de ingresos. Esta reforma permitiría, por ejemplo, que los médicos se jubilen pero sigan pasando consulta en la privada. 

Los especialistas en economía han fijado esta iniciativa dentro de un sistema de jubilación “flexible y compatible” que ayude a hacer frente al problema demográfico que atraviesa el país, que cuenta con una de las mayores esperanzas de vida, pero con una de las tasas de fecundidad más reducida de los países desarrollados. Algo que provocará que en 2050 sea uno de los países con la población más envejecida del mundo.

“Existe un amplio consenso que para afrontar el reto del envejecimiento será necesario utilizar parte de los avances en la longevidad que estamos experimentado para producir o generar riqueza alargando la etapa laboral. Y para ello urge cambiar radicalmente la forma en que nos jubilamos”, reza el informe suscrito por los economistas José Ignacio Conde-Ruiz y Jesús Lahera Forteza.

Los autores del documento han coincidido en que España no puede seguir permitiéndose “malgastar el talento senior”, ya que actualmente hay pocas fórmulas para conseguir una transición gradual hacia la jubilación sin renunciar a otros ingresos adicionales derivados de otras actividades. “Por regla general, es incompatible con el trabajo retribuido”, han subrayado. 

Los portavoces de Fedea han apuntado que actualmente solo hay algunas “excepciones legales” que permiten compatibilizar la pensión y el trabajo retribuido (la jubilación parcial, activa y flexible y el trabajo autónomo topado por renta). Pero que, están llenas de “desincentivos y disfunciones” que limitan sus posibilidades. En la práctica solo el 14 por ciento de los jubilados mantiene rentas adicionales.

Ante esta situación, los economistas han hecho un llamamiento para que se abandone la “concepción clásica” de la jubilación que impide trabajar a partir de determinada edad. “La única vía para afrontar estas futuras caídas de la tasa de dependencia entre activos y pasivos es crear pasarelas graduales hacia la jubilación definitiva en determinadas edades y, a la vez, permitir la compatibilidad entre la percepción de la pensión y de rentas derivadas del trabajo retribuido”, han expuesto.

La temporalidad del sector público

Más allá de las recomendaciones en el sistema de la jubilación, los economistas también han aportado varias reflexiones sobre el impacto de la actual reforma laboral. Conde-Ruiz y Lahera han valorado de manera “positiva” el cambio introducido por la ministra Yolanda Díaz, aunque han identificado varios puntos de mejora. Uno de ellos pasa por conseguir reducir la temporalidad de los contratos en el sector público al mismo ritmo que los del privado. Algo que incidiría de lleno sobre los sanitarios que se encuentran en esta situación.

Los economistas de Fedea han tildado de “preocupante” el retraso por parte de las administraciones públicas para la estabilización de las plazas, aunque se han mostrado confiados en que la realidad cambie en los próximos dos años. “La puesta en marcha de los procesos de consolidación de plazas fijas en el empleo público, cubierto con interinos, hasta 2025 reducirá, seguramente, también la temporalidad en este ámbito”, han sentenciado.

Otro de los análisis se ha centrado en la potencial incorporación de la jornada de cuatro días en la economía española, tal y como defienden algunos grupos políticos como Sumar. Los expertos creen que la medida puede resultar beneficiosa en términos de eficiencia, productividad o absentismo de las plantillas. Sin embargo, han reclamado que no se haga de manera categórica a través de una nueva ley, sino a través de acuerdos particulares.

“No es necesaria una ley de reducción de la jornada máxima legal, aquí de 40 horas semanales de promedio en cómputo anual, reducidas por la negociación colectiva o pacto individual con herramientas de flexibilidad, para conseguir este objetivo”, han apostillado. El Gobierno ya sondeó esta fórmula, por ejemplo, como incentivo para los médicos desplazados en el entorno rural.