Señala que el principio rector de esta normativa se centra en "garantizar condiciones de salubridad óptimas"

El Ministerio de Seguridad Social apuesta por adaptar las condiciones laborales antes de conceder prejubilaciones en el SNS y otros sectores
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.


19 nov. 2024 19:00H
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La posibilidad de que el nuevo Real Decreto que establecerá los coeficientes reductores para la jubilación anticipada pueda convertirse en un “coladero” para evitar conceder este derecho ha preocupado a los sindicatos, especialmente en el ámbito sanitario. La norma recoge que la reducción de la edad de jubilación solo será posible cuando no se puedan modificar las condiciones laborales que generen los riesgos en el trabajo. En este contexto, fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, han explicado a Redacción Médica que la jubilación anticipada se presenta como “el último paso” en este Real Decreto y que la cuestión primordial es garantizar “que todos los trabajadores presten su trabajo en condiciones de salubridad que sean óptimas tanto a nivel social como psicosocial”.

Este Real Decreto podría abrir la puerta a que los trabajadores del Sistema Nacional de Salud (SNS) se retiren a los 52 años si se considera que la actividad que realizan se lleva a cabo en condiciones penosas, peligrosas o insalubres. Para ello, el texto dispone unos coeficientes reductores que permitirán decir qué sectores se adhieren a esta medida. Se trata de una regulación que no ha estado exenta de polémicas y que ha preocupado a sindicatos como CCOO, CSIF o CESM, que señalan que la cláusula que establece que la reducción de la edad de jubilación solo podrá aplicarse cuando “no se puedan modificar las condiciones de trabajo” que generen los riesgos que se hayan identificado, podría usarse para eludir la concesión de la prejubilación.


Garantías de salud en el trabajo


Para este Ministerio, la prejubilación no es el eje central de esta normativa y señalan que el principio rector del nuevo Real Decreto se centra en “garantizar que todos los trabajadores presten su trabajo en condiciones de salubridad perfectamente óptimas, a todos los niveles, tanto social, como psicosocial” y que es esencial que los puestos de trabajo se puedan adaptar a esa necesidad. “Dicho esto, la jubilación anticipada es el último paso”, aclaran fuentes internas.

Por otra parte, detallan que aquellas profesiones que se lleven a cabo en condiciones penosas, peligrosas o insalubres, se podrán beneficiar de los coeficientes reductores con el fin de “proteger” a los trabajadores mediante una salida anticipada del mercado laboral. “Pero no podemos olvidar la primera parte de la normativa, que busca que el trabajo se preste en garantías de salud”, añaden desde esta Cartera.

Tal y explican, el diálogo social ha permitido alcanzar este acuerdo que asegura “la objetividad y la seguridad jurídica” en los procesos de jubilación anticipada. En este sentido, aseguran que los estudios para determinar qué profesionales se pueden beneficiar de esta medida se harán mediante parámetros objetivos, como índices de salubridad, mortalidad y enfermedad, avalados por informes de inspección.

Además, desde este Ministerio señalan que el procedimiento incluye la posibilidad de ser iniciado no solo por sindicatos y asociaciones empresariales, sino también de oficio por la administración. Según han detallado, se prevé que el Real Decreto esté listo para su aprobación en enero de 2025.


Reconocimiento de la Sanidad como profesión de riesgo


Otro punto de debate es la inclusión en este Real Decreto de las profesiones sanitarias como actividades de riesgo. Mientras sindicatos como CCOO, CSIF y CESM insisten en que las características penosas, peligrosas e insalubres de los trabajos en el SNS justifican este reconocimiento, UGT matiza que no puede generalizarse a todo el sector, ya que las condiciones varían según las actividades concretas.

Por su parte, desde el Ministerio evitan pronunciarse sobre la viabilidad de este reconocimiento, pero aseguran que los coeficientes reductores se aplicarán “cuando haya indicadores absolutamente objetivos”, garantizando la seguridad jurídica y enfatizando, de nuevo, que la jubilación anticipada será el “último recurso” en aquellos casos donde no sea posible garantizar condiciones de trabajo saludables.
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