La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
El anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno para poner en marcha nuevos
incentivos para la contratación laboral indefinida ha despertado algunas dudas entre los expertos económicos. Un informe de Fedea ha advertido que las
penalizaciones para aquellas empresas que despidan a los trabajadores bonificados antes de un plazo de tres años resultan
“excesivas”, lo que
que puede terminar desatando el efecto “contrario” y frenar las opciones de crear empleo. Este fenómeno afectaría directamente a los
investigadores del Sistema Nacional de Salud (SNS) que han sido uno de los colectivos sobre los que ha puesto el foco la normativa aprobada en Consejo de Ministros.
“El plazo mínimo marcado podría conseguir en la práctica un objetivo contrario al perseguido,
desincentivando la utilización de estas ayudas por parte de las empresas y dificultando por tanto la creación de empleo ante el riesgo sobrevenido de que puedan ser necesarios
despidos no previstos”, ha concluido la evaluación realizada por el doctor en Economía,
Miguel Ángel García.
El autor del informe ha advertido en que otras normativas de referencia como el
Programa FSE+ (Fondo Social Europeo) diseñado por Bruselas para promover la transformación económica en las comunidades autónomas contempla un límite máximo de dos años, uno por debajo de
la nueva norma estatal.
Más allá del periodo mínimo para exigir la devolución de las bonificaciones, el documento de Fedea también plantea otros puntos de mejora de carácter técnico, como la r
igidez del texto que impide una mayor intervención de las comunidades autónomas, las dificultades para que los territorios cumplan con los criterios definidos por la Administración General del Estado (AGE) o la falta de medidas procedentes de la Airef.
“Es positiva la inclusión de la obligación de evaluar las políticas de incentivos al empleo. No obstante,
habría sido deseable encomendar esta tarea a agentes externos al Sistema Nacional de Empleo, posiblemente mediante la creación de un grupo de especialistas cuantitativos con acceso a todos los datos necesarios para realizar la correspondiente evaluación”, han apostillado.
Las bonificaciones de contratar investigadores sanitarios
El equipo de expertos de Fedea también ha aprovechado para poner en contexto todas las categorías que podrán beneficiarse de las bonificaciones para la contratación. En el caso de los investigadores, les corresponde una subvención para las empresas de
110 euros al mes, siempre que sean empresas de menos de 50 empleados. Los
titulados superiores jóvenes podrán alcanzar los
125 euros, mientras que si son
mujeres asciende hasta los 150.
Los autores han explicado que estas cifras no son compatibles con las bonificaciones si encajan en otra categoría. También se incentivará el empleo en diferentes escenarios vinculados con la
formación en alternancia, por contratos
predoctorales o por la incorporación después de un
periodo de prácticas. Además, también se han introducido apéndices específicos para para personas con alguna discapacidad, mujeres víctimas de violencia machista o ciudadanos que hayan sufrido un acto terrorista.
“El texto realiza un muy loable ejercicio de ordenación de los incentivos al empleo, si bien ayudaría a su mejor comprensión una estructura diferente del texto que permitiera diferenciar la distribución por tipos de medidas y competencias, por administraciones y niveles de gobierno, junto con los espacios disponibles para compartirlas”, han puntualizado.
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