La prórroga de OPE de estabilización del SNS más allá de 2024, al Congreso

El Grupo Parlamentario Mixto ha llevado al Congreso una Proposición no de Ley (PNL) que propone extender los plazos de la Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público y lograr una estabilización del SNS más allá de 2024 tal y como ha aparecido publicado este viernes en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG). Esta iniciativa surge como respuesta a la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que cuestiona la legislación española en materia de estabilización de personal en situación de abuso de temporalidad.

Lo ha hecho de la mano de la diputada Cristina Valido, de Coalición Canaria, que ha presentado esta proposición tras la sentencia del TJUE del pasado mes de febrero, que resuelve las cuestiones prejudiciales planteadas sobre la interpretación de cláusulas clave del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada, que afecta en especial al Sistema Nacional de Salud (SNS). La sentencia pone en tela de juicio las medidas adoptadas por el Gobierno español hasta el momento para cumplir con la Directiva 1999/70/CE.

Según expone la diputada, esta sentencia tiene un impacto significativo en el personal laboral al servicio de las administraciones públicas, como los sanitarios, en regiones como Canarias, que cuentan con un alto número de empleados afectados. Para Valido, esta sentencia representa una esperanza para la estabilidad laboral de estos trabajadores, pero también genera incertidumbre respecto a los procesos que ya están en curso, sobre todo para aquellos que no han superado aquellos que se encuentran en tramitación.

Prorrogar los plazos de las OPEs sanitarias

Ante esta situación, Coalición Canaria insta al Gobierno, con esta PNL a acordar una prórroga de los plazos de las OPEs en sectores como la sanidad, mientras “lleva a cabo las obligadas reformas normativas” que han sido cuestionadas por la doctrina del TJUE, según recoge el Boletín Oficial de las Cortes.

En este sentido, la PNL argumenta que “as sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea son vinculantes para España de acuerdo con el principio de primacía del derecho de la Unión Europea”. Por ello, se detalla que “sus pronunciamientos vinculan a los tribunales españoles, pero también vinculan a las autoridades administrativas y al legislador español”.