Miguel Borra, presidente de CSIF.
La
Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) materializará su ‘amenaza’ al Gobierno con movilizaciones “en toda España” por el
“bloqueo de la negociación colectiva” de las condiciones laborales de los empleados públicos, incluidos los
sanitarios. Las marchas, que tendrán lugar el 11 de noviembre y el 16 de diciembre, están dirigidas a exigir mejoras salariales y de jornada para los funcionarios, entre ellas el modelo de
35 horas semanales, pero también “garantías” de la continuidad de
Muface.
Fue el pasado 7 de octubre cuando CSIF anunció públicamente su intención de convocar movilizaciones si el Gobierno no daba signos de querer poner fin a la “parálisis” de la negociación colectiva. Fernando Hontangas, presidente del área nacional de Sanidad del sindicato, advirtió entonces de los muchos “frentes” que tenía por delante el Ejecutivo de cara a un otoño al que el Sistema Nacional de Salud (SNS) llega sin “recursos" suficientes.
Entre otras demandas, la central reclama “garantías de la continuidad de la atención sanitaria con el mutualismo administrativo”, lo que requiere una “adecuada financiación”. En una entrevista reciente con
Redacción Médica, el propio Hontangas ya deslizó que ese 17,1 por ciento más de
prima para las compañías aseguradoras que sustentan Muface era insuficiente. “Redunda en la calidad de la asistencia que pueden prestar las colaboradoras a un millón y medio de personas en este país”, defendió.
Desde el primer momento CSIF advirtió de que si no recibía respuesta de Moncloa, esa presión se trasladaría a las calles. El tiempo se ha acabado: la central ha informado este lunes de
movilizaciones “en toda España” los días 11 de noviembre y 16 de diciembre. Las manifestaciones tendrán lugar frente al Ministerio de Hacienda en Madrid y las subdelegaciones del Gobierno de todas las provincias. “No se descartan
medidas más contundentes si no reacciona”, ha señalado en un comunicado.
Paga extra, 35 horas y jubilación anticipada
Los funcionarios marcharán también por la negociación de un nuevo acuerdo salarial que subsane su pérdida de poder adquisitivo (CSIF lo cifra en un 5 por ciento desde la firma del acuerdo del Ejecutivo con CCOO y UGT), así como por la
recuperación íntegra de la paga extra, que acumula 14 años de recortes.
Sobre este último punto, CSIF recuerda que llevó una iniciativa legislativa popular al Congreso de los Diputados en 2023 y que, ante el rechazo de la Mesa de la Cámara, tiene
recurrida la decisión ante el Tribunal Constitucional.
"Los sueldos de los/as empleados públicos han perdido 4.721 millones de euros desde los recortes de 2010: exigimos recuperar la estructura salarial previa a los recortes y la paga extra íntegra", ha denunciado este lunes Miguel Borra, presidente de CSIF.
De forma paralela, el organismo de funcionarios aboga por nuevas
ofertas públicas de empleo (OPE) para 2025 sin tasa de reposición, la culminación del
plan de estabilización de interinos, la equiparación salarial entre diferentes comunidades autónomas, mejoras en las condiciones de jubilación (con el retiro anticipado para médicos, enfermeros y técnicos auxiliares en el horizonte) y la implementación de la j
ornada de 35 horas en el conjunto de España.
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