Fernando Grande-Marlaska, ministro de Interior.
27 jun. 2022 12:40H
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El Gobierno prepara una nueva Oferta Pública de Empleo (OPE) para incorporar 40 médicos al Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria, según consta en una respuesta parlamentaria en la que se detalla que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ya está elaborando una propuesta para la autorización del proceso.
La respuesta del Ejecutivo está motivada por las reivindicaciones de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), que el pasado febrero solicitó a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias información sobre la contratación de sanitarios en las cárceles.
En este sentido, el Gobierno ha informado de que la subdirección general de Recursos Humanos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias “está elaborando, para su tramitación ante la Dirección General de la Función Pública, una propuesta de autorización de un proceso selectivo para el nombramiento de personal funcionario interino del Cuerpo Facultativo”. Esta OPE ofertará 40 plazas con una duración de tres años ampliables hasta doce meses más por las leyes “que se dicten en desarrollo del Estatuto del Empleado Público”.
Asimismo, también se han autorizado, con fecha de 19 de mayo de 2022, las bases para la convocatoria de este nuevo proceso selectivo “para la elaboración de relación de candidatos para el posterior nombramiento de funcionarios interinos del Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria”.
"Falta de demanda" en sanidad penitenciaria
En cualquier caso, el Ejecutivo subraya en su escrito que “a pesar de los esfuerzos continuos para dotar a los centros penitenciarios de profesionales médicos”, de los 35 puestos ofertados en los procesos selectivos de 2018 y 2019 “solamente resultaron cubiertas 7 y 5 plazas, respectivamente”.
“Y en el proceso selectivo autorizado por la Subsecretaría del Ministerio del Interior con fecha 11 de octubre de 2021 no resultaron cubiertas ninguna de las plazas ofertadas”, concluye.
Datos que, según el Gobierno, “demuestran la falta de demanda que posibilite la cobertura de las plazas dotadas en las Relaciones de Puestos de Trabajo”, que “no solo acontece a Instituciones Penitenciarias sino que es generalizada en las administraciones con competencias en materia de Sanidad”.
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