Hasta un 30% de interinos del SNS atisba su plaza fija al amparo de Europa

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha vuelto a insuflar esperanza a los profesionales de la sanidad pública que se encuentran en situación de ‘vulnerabilidad’ por la concatenación de contratos temporales. Las fuentes jurídicas y sindicales consultadas por Redacción Médica subrayan que el problema de la interinidad en los servicios de salud no se distribuye de manera homogénea por España y auguran que se paliará, al menos en parte, con las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) que están en marcha. Advierten, no obstante, del escaso “control” que hay sobre los profesionales que se encuentran en esta situación, lo que hace difícil cuantificar el número de efectivos que podrían beneficiarse del dictamen del TJUE. Las “estimaciones” apuntan a que hasta el 25 o 30 por ciento de los trabajadores de algunos servicios están afectados, aunque médicos de algunas comunidades advierten de que pueden ser “bastantes” más.

A instancias de las cuestiones prejudiciales planteadas por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Barcelona, el Alto Tribunal europeo ratificó este mismo junio su posicionamiento favorable a la “conversión” a fijos de los trabajadores temporales del Sistema Nacional de Salud (SNS) que se encuentren en situación de fraude de ley. La decisión final dependerá de los jueces españoles, indicó a este periódico Fabián Valero, socio-director de Zeres Abogados. 

"Diferencias" de interinidad entre CCAA

Acerca del alcance que el posicionamiento del TJUE pueda tener sobre las plantillas sanitarias, se calcula que cerca de un tercio (entre un 25 y un 30 por ciento) de los trabajadores pueden encontrarse en esta situación. Vicente Matas, médico jubilado y responsable del Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada (Simeg), incide por su parte en que “hay diferencias importantes entre comunidades autónomas”, sobre todo “dependiendo de las OPE (Ofertas Públicas de Empleo) resueltas”.

Matas denuncia, en cualquier caso, que no hay datos oficiales que constaten la gravedad del problema. Un extremo que confirman desde la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM). Desde la central de facultativos reiteran la “complejidad” de estimar cifras concretas de profesionales que se encuentren en situación de vulnerabilidad, aunque reconocen que el número “es bastante alto” en puntos concretos como las Islas Canarias.  

Las estimaciones apuntan, de esta forma, que hasta 190.000 profesionales sanitarios españoles podrían verse implicados (con una población sanitaria cercana a los 765.000 trabajadores), según se desprende de los datos oficiales del Ministerio de Sanidad. Más de 40.000 de ellos serían médicos, y otros 55.000, enfermeras. 

En cualquier caso, las fuentes consultadas por Redacción Médica confían en que las OPES de estabilización de empleo abiertas ayuden a paliar en parte el problema: “La sentencia del TJUE no afecta a nada a los procesos que se han iniciado, están convocados en tiempo y forma y cumplen con la legislación española”, defiende Fernando Hontangas, responsable del área sanitaria de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), quien sin embargo incide en la necesidad de seguir estableciendo normativas que sancionen los usos abusivos de interinos.

Vías contra la temporalidad en el SNS

La sentencia del TJUE va en consonancia con la que este mismo tribunal emitió el pasado febrero, cuando puso en cuestión el cumplimiento en España del Acuerdo Marco europeo sobre el trabajo de duración determinada. En este sentido, advirtió de que el país no ha tomado las medidas suficientes para reducir los abusos de temporalidad a pesar de los avances de las administraciones a la hora de reducir el índice en el SNS a menos del 8 por ciento.

Desde el Ministerio de Sanidad ponían de relieve la existencia de dos vías para cumplir con la reducción de la temporalidad del empleo público de acuerdo a la Ley 20/2021: la reforma del Estatuto Marco y la coordinación entre comunidades autónomas y el Ingesa para “facilitar la resolución de procesos extraordinarios de estabilización de empleo temporal”.

Al margen de ello, el Gobierno insiste en que se está trabajando en el impulso del Registro Estatal de Profesionales Sanitarios (REPS), que se considera “fundamental para la planificación de profesionales y la coordinación de las políticas de recursos humanos del Sistema Nacional de Salud (SNS)”.