Miquel Iceta.
Este lunes el
Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha firmado junto con representantes de todas las comunidades autónomas
y de los
sindicatos (CCOO, UGT, CSIF, CIG y ELA) un nuevo
acuerdo que busca
reducir la temporalidad y estabilizar el empleo en el sector público, como en sanidad. El acuerdo se ha llevado a cabo en la
Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, la cual ha sido presidida por el secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública,
Víctor Francos.
El acuerdo ha respondido a la llamada de atención a la
administración española realizada desde la UE, a través de diferentes pronunciamientos del TJUE y otras instituciones comunitarias, además de adaptarse a la reciente doctrina del
Tribunal Supremo.
Dentro de los
principales puntos, se ha acordado que los
contratos temporales tendrán una duración máxima de
3 años y esas plazas tendrán que incorporarse a
ofertas de empleo público (el interino además tendrá asimismo garantía de permanencia en su puesto de trabajo siempre y cuando esté en marcha el proceso selectivo). Por su parte, las administraciones deberán
indemnizar al personal afectado con
20 días por año de servicio y hasta 12 mensualidades cuando extiendan los contratos temporales más allá de los tres años y se extinga su relación laboral. Además, todo acto administrativo que suponga el incumplimiento de estos plazos máximos será nulo de pleno derecho y se exigirán las responsabilidades que procedan (en materia disciplinaria, civil o incluso penal) a los gestores, tal y
como adelantó Redacción Médica.
Además, la experiencia adquirida se valorará un
40 por ciento en todos los ámbitos y los
interinos que no superen la prueba también recibirán una
compensación económica por los años en situación de "abuso de temporalidad". La estabilización del personal temporal irá unida a
procesos de movilidad y promoción interna de los funcionarios de carrera.
Reforma del Trebep
En la reforma del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (
Trebep) se aplicará únicamente al sector de administración general de las administraciones públicas, otorgándose el plazo de un año para la adaptación de la legislación específica para el
personal docente y estatutario de los servicios de salud.
El proceso afectará a 300.000 plazas
De manera paralela, el acuerdo ha contemplado un
proceso de estabilización que afectará a más de
300.000 plazas estructurales que hoy están ocupadas por personal temporal y que deberán ser fijas antes del 31 de diciembre de 2024 “como fecha límite improrrogable”.
Se ha establecido una tasa adicional para que salgan todas las plazas, estén o no en
puestos de estructuras, donde no compute la
tasa de reposición. Además, se ha marcado la simplificación de las
fases de oposición con la posibilidad de agrupar pruebas y debiendo agilizarse los plazos. En cuanto a la fase de concurso, se ha definido que el peso de la experiencia deberá ser mayoritario. Y, para facilitar los procesos de estabilización en el ámbito de la Administración local, se han suspendido
artículos específicos del RD 896/91.
También se ha conseguido eliminar del Acuerdo y del RDL la referencia a la
Tasa de Reposición en dos sentidos: por un lado, se autoriza una tasa adicional para poder convocar todas las plazas, estén o no en las relaciones de puestos de trabajo o plantillas; y, por otro, se desvincula la contratación de nuevo personal de la tasa de reposición, a diferencia de la intención inicial del Gobierno.
Abuso de temporalidad
Respecto al punto del abuso de la temporalidad, han acordado que se incluya la
indemnización como medida compensatoria, sancionadora y disuasoria para que las administraciones cumplan. Se fijan además las condiciones de lo que se considera abuso y las
responsabilidades oportunas para las administraciones que incumplan. Y, como elemento clave, se incluyen también los plazos para la cobertura con personal fijo de las plazas en las que se nombre personal interino en vacante.
El Acuerdo ha marcado que se establecerá a partir de septiembre un
calendario de negociación y diálogo social con el objetivo de alcanzar un nuevo acuerdo global en la
función pública, en especial todo lo relativo al impulso de la promoción interna y los traslados.
Situar la tasa de temporalidad
El objetivo de la reforma del Gobierno es situar la tasa de temporalidad estructural por
debajo del 8 por ciento de las Administraciones Públicas españolas, como la de
Sanidad. Para ello, según el borrador, se articulará un nuevo proceso de estabilización de empleo temporal.
El Ministerio de Política Territorial y Función Pública, liderado por Miquel Iceta, elaboró un borrador del 'Plan de choque para reducir la temporalidad en las administraciones públicas que ha presentado a las comunidades autónomas y los municipios. En el documento se establece una serie de
compensaciones económicas para aquellos trabajadores
sanitarios interinos que se presenten a las
convocatorias de empleo público previstas hasta 2024.
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