España, a una 'carta' de la sanción de Europa por los interinos de sanidad

A la Comisión Europea le siguen sin parecer suficientes los esfuerzos realizados por España para atajar la temporalidad en la sanidad y en el conjunto de la administración pública. De hecho, el organismo que preside Úrsula von der Leyen ha remitido al Gobierno un nuevo escrito en el que le avisa de que no está dando una respuesta proporcional al abuso que padecen miles de interinos que llevan años, e incluso décadas, encadenando un contrato tras otro. Este es el segundo aviso. “Al tercero, habrá sanción”, apunta Fabián Valero, socio director de Zeres Abogados.

Según datos de este bufete, las administraciones públicas españolas tienen contratados de forma temporal a 1,1 millones de trabajadores, que representan casi un 30 por ciento del total de las plantillas. De ellos, entre 250.000 y 300.000 estarían “en situación de abuso de temporalidad”, algo que incumple la normativa europea.

Lo cierto es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha instado en varias ocasiones a España a profundizar en sus planes para reducir la temporalidad en la sanidad y otros sectores públicos. La última vez, el pasado junio, cuando advirtió de que los procesos de estabilización que contempla la Ley 20/21 no resultan adecuados “para sancionar debidamente la utilización abusiva de sucesivos contratos” y emplazó a “convertir” a los interinos en fijos.

Sanción económica a España por la temporalidad

A esa ‘presión’ se suma ahora la Comisión Europea, que, en palabras de Fabián Valero, ha dado prácticamente un “ultimátum” a España con una segunda misiva que constituye la antesala de una sanción económica. Esta notificación, de hecho, ha estado motivada por una queja de Zeres Abogados, entre otros colectivos.

“Ya se había producido una primera comunicación a España en la que se decía que se estaba incumpliendo la normativa comunitaria sobre el uso de temporalidad -explica Valero-. Tras ello se adoptaron una serie de medidas que según la Comisión Europea son insuficientes, y por lo tanto se ha enviado una segunda carta”.

La CE asume que España ha tratado de paliar esta situación a lo largo de la última década, si bien considera que la dimensión del problema es más grande que la respuesta que se le ha dado. “En particular, en lo que respecta a la eficacia de las medidas sancionadoras”. Esta fue la razón por la que la Justicia europea limitó las expectativas de esa Ley 20/21 conocida popularmente como ‘Icetazo’ (por el nombre de Miquel Iceta, quien fuera ministro de Función Pública).

En palabras de Valero, las sanciones que se suelen imponer ante este tipo de sanciones son económicas. En este sentido, desliza que puede que el posicionamiento de la CE conlleve una devolución de fondos europeos, si bien España puede todavía responder y defenderse de las críticas del organismo de Von der Leyen.